Un país sin justicia
Lo que les mancilla ladignidad,
a mis ojos, es que esos hechos se ventilen en un informe internacional
Betty Brannan Jaén
WASHINGTON, DC. -Como el retorno anual de
las golondrinas a Capistrano, esta semana vimos el rito anual de
acusaciones mutuas entre Estados Unidos y Panamá sobre el tema de
la justicia panameña. Es una disputa en la que doy toda la razón
a los norteamericanos.
Todo lo que he observado del sistema panameño
de justicia confirma los señalamientos que el informe estadounidense
sobre derechos humanos hace anualmente a Panamá. Tenemos un sistema
anacrónico de justicia, plagado de procedimientos obsoletos, conceptos
atrasados, e ineficiencia institucional.
La justicia penal en Panamá, he escrito mil veces,
consiste básicamente en echar a los acusados al calabozo y tirar
la llave al mar.
La poca credibilidad en la justicia civil espanta
a los inversionistas extranjeros. Si los norteamericanos señalan
que hay lentitud, ineficiencia, corrupción y manipulación política
en el sistema judicial, la Alianza Ciudadana Pro Justicia también
ha denunciado que "la corrupción es una de las mas graves causas
de la mora judicial" en Panamá; que la manera panameña de seleccionar
jueces "permite, de forma solapada, la influencia y el amiguismo";
y que los jueces panameños laboran bajo "el temor de tomar decisiones
que afecten a determinados grupos políticos" o que difieran del
criterio trazado por la Procuraduría General.
Esto sería motivo de vergüenza para los funcionarios
de un país serio, pero yo no veo que ese sea el caso de Panamá.
Mi percepción es que a las autoridades panameñas
no les avergüenza que sea "común" que un detenido pase más tiempo
esperando su juicio de lo que hubiera sido la sentencia máxima para
el delito del que se le acusa; pero sí los enfurece que Washington
lo señale en voz alta.
Cuando leo las declaraciones de los funcionarios
panameños que reaccionan todos los años al informe estadounidense,
concluyo que para ellos, lo que "mancilla la dignidad institucional
de la República" (para usar las palabras del presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona) no es la vergonzosa situación
en las cárceles, ni los escándalos en la confirmación de magistrados
en la Corte, ni los fallos incomprensibles que casi semanalmente
confirman la percepción de que no hay justicia en Panamá, ni los
patéticos casos de presos "olvidados", sino que esos hechos se ventilen
en un informe internacional.
Por ello recurren al más vergonzoso argumento de
Gobiernos déspotas como el de la China comunista, y alegan que es
"entrometerse en los asuntos internos de Panamá" cuando Estados
Unidos critica los derechos humanos en nuestro país. Es indigno
que un país, supuestamente libre y democrático, eche mano de tal
defensa.
Es más, esa defensa confirma el criterio atrasado
de los funcionarios panameños, que aparentemente no se han percatado
de que la norma moderna es la universalidad de los derechos humanos.
Lejos de ser "inaceptable" que Estados Unidos pretenda
erigirse en juez de la justicia panameña, lo que es inaceptable
hoy día es que un Gobierno pretenda que abusar alegremente de sus
ciudadanos sea un mero "asunto interno".
Más constructivo -por no decir elegante- sería que
el Gobierno panameño todos los años emitiera una respuesta formal
en la que punto por punto refutara, aclarara, o aceptara el análisis
estadounidense, pero siempre sobre la base de los hechos (no de
la demagogia).
Por ejemplo, es bochornoso que más de la mitad de
los presos en Panamá sea personas que no han recibido juicio. Pero
la buena noticia es que este porcentaje ha ido disminuyendo cada
año. Veamos: El informe de 1991 señaló que el 80 % de los presos
panameños no había sido enjuiciado. En 1995, esa cifra todavía estaba
en 78%, pero para 1998 ya había bajado a 65%. El año siguiente,
1999, bajó a 59% y este último informe estima que la cifra ha bajado
a 55% en 2002.
Señalar hechos de ese tipo ha debido ser la respuesta
del Gobierno panameño al informe estadounidense, por escasos que
sean los hechos que Panamá pueda aducir a su favor.
Es más, lo inteligente sería que Panamá preparara
su propio análisis a publicarse en marzo todos los años, para tener
a mano los hechos que aclaran o refutan los señalamientos estadounidenses.
Eso aumentaría la transparencia del sistema panameño y crearía un
archivo de datos que permitiría medir los progresos de año a año.
Pero hay que comenzar con funcionarios que reconozcan
las muchas deficiencias de la justicia panameña en lugar de negarlas,
con políticos que se comprometan a crear un Estado de derecho, y
con un pueblo que lo exija.
La autora es corresponsal de La Prensa
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