Cuando el Gobierno Nacional propuso la reforma tributaria, el año pasado, con el argumento de que aquellos que reciben más ingresos pagarían más impuestos, adujo que esta medida ayudaría a mejorar la distribución de la riqueza de la población. Lo cierto es que se buscaba más dinero para seguir la fiesta. El Gobierno se comprometió a disminuir los gastos, pero en informe reciente de la Contraloría se señala que en los dos últimos años la planilla pública se incrementó en 12 mil 550 funcionarios y se usaron 16 millones de dólares en gastos de representación. Además, los subsidios fiscales a empresas favorecidas se dispararon a 75 millones de dólares. Y ahora, los transportistas, que brindan un pésimo servicio, calificado por el director de la Autoridad de Tránsito como “un desastre”, fueron premiados por el viceministro de Gobierno y Justicia con privilegios económicos inadecuados y desproporcionados. Además, hay que recordar que este año Panama Ports Company no aportará al fisco 30 millones de dólares, cortesía de las exoneraciones del Ejecutivo, lo que demuestra que el manejo de las finanzas públicas se hace sin ningún criterio austero y que prevalece el despilfarro. ¿Hasta cuándo?