Panamá, 21 de marzo de 2003
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Piden investigar incidente en hotel Los Quetzales

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La gerente del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), Liriola Pittí, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que realice las “diligencias pertinentes”, luego de que La Prensa publicara una noticia en la que informó de que desconocidos echaron combustible tóxico en el tanque de reserva de agua del hotel Los Quetzales, ubicado en Cerro Punta, Chiriquí.

La contaminación del agua -según la nota publicada el miércoles, 19 de marzo, bajo la firma de la corresponsal Sandra Alicia Rivera- habría provocado la intoxicación de unas 40 personas -la mitad de ellos estadounidenses-, entre huéspedes, empleados e, incluso, el propietario del hotel, Carlos Alfaro. Este último fue quien denunció los hechos ocurridos.

Pittí escribió al procurador José Antonio Sosa para solicitarle que establezca si los hechos ocurridos en Los Quetzales son veraces, “y de ser cierto, se establezca si constituye delito, y de ser así se sancione de manera ejemplar a los responsables”.

Para Pittí, la “supuesta” contaminación de los tanques de reserva que surten al hotel “no solo atentaría contra la integridad física de los huéspedes del hotel y la inversión de los propietarios del mismo, sino también contra la imagen nacional e internacional que ha ganado el país como sitio apropiado para la recepción de visitantes”.

Esta imagen -recalcó- se ha logrado “con una fuerte inversión en publicidad y promoción internacional” -a un costo de 10 millones de dólares-, por lo que los hechos ocurridos en Los Quetzales “podrían implicar incluso un delito contra la seguridad y economía nacional”, según los artículos 246 y 375 del Código Penal.

La actividad turística es un tema prioritario para el Estado, dado que a través de su desarrollo se pretende mejorar la economía nacional. “De más está señalar que este tipo de noticias impacta negativamente a nivel internacional y nos hace invertir esfuerzos y dinero en minimizar sus negativas consecuencias para el turismo”.

La gerente del IPAT también le recuerda al procurador que el Decreto Ley No.35 del 22 de septiembre de 1966, que reglamenta el uso de las aguas, señala en sus artículos 53, 54 y 55 que “es prohibido a los habitantes de los predios o poblados ejecutar cualquier operación que altere la composición del agua o hacerla nociva para la salud”.

Se intentó entrevistar a Carlos Alfaro, de Los Quetzales, pero este no atendió los requerimientos de este medio.


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