La verdad sobre el drama de la niña
Rosa
Nos compete a nosotros
los miembros de la sociedad civil, de profundas raíces cristianas,
defender nuestros principios y valores morales, y luchar para que
se instaure el respeto por la vida
Gloria Grifo de Rodríguez
¿Cómo terminará el caso de la pequeña de
nueve años, que abusada sexualmente fue contagiada con dos enfermedades
venéreas y sometida a un aborto propiciado por grupos feministas
radicales de Nicaragua?
Hija de nicaragüenses indocumentados que
emigraron a Costa Rica en busca de trabajo, fue llevada al hospital
en Turrialba por problemas de salud. Los médicos descubrieron que
la niña, además de estar embarazada de cuatro meses, padecía dos
enfermedades venéreas. La noticia la hizo pública el diario La Nación
de Costa Rica, alcanzando grandes titulares en Costa Rica y Nicaragua,
así como en toda la prensa hispana, incluso de España.
Los médicos ticos recomendaron dejar que el embarazo
evolucionara con un monitoreo permanente y que la niña no fuese
movida del hospital de Turrialba. Se sospechaba de un joven de 20
años que fue señalado por la niña como el presunto abusador, y este
fue encarcelado. Estudios posteriores demostraron que el joven no
padece ninguna enfermedad venérea y fue puesto en libertad.
El diario La Nación, de Costa Rica, habla de la
buena salud física de la niña embarazada y que los padres de ésta
dicen que “no es culpa de nadie”. “Según mi conciencia, eso es lo
que ha pasado y no es culpa de nadie”. Las autoridades de Costa
Rica sospechaban del padrastro de la niña, quien se negó a hacerse
las pruebas pertinentes pedidas por los funcionarios de salud, por
lo que consideraron poco prudente que Rosa fuese trasladada a Nicaragua.
Según personas cercanas a la niña y a su madre,
ellas ya sentían ilusión con el nacimiento del nuevo bebé. Aparece
entonces un grupo feminista radical nicaragüense llamado “Red de
mujeres contra la violencia”, que se adueña del problema de la niña
y sus padres con la intención de utilizarlo como el puente que las
ayude a instaurar la legalización del aborto en su país. Desatan
una ola de publicidad con el drama de la niña Rosa, y exigen que
ésta sea repatriada a Nicaragua, manifestando que las autoridades
costarricenses no tienen ninguna base legal para retener a la niña
y a sus padres en Costa Rica y amenazando con formar un problema
diplomático entre ambos países.
Con la ayuda del procurador de Derechos Humanos
de Nicaragua consiguen la autorización de trasladar a la niña. A
pesar de que se les ofrece traslado por avión a Nicaragua, debido
a su condición de embarazada de alto riesgo, las personas encargadas
de vigilar por la salud de la niña, luego de sacarla del hospital
de Turrialba, no aceptan la oferta; prefirieron llevarla por vía
terrestre, evitando que persona alguna se le acercara ni a ella
ni a su familia, poniendo en riesgo su embarazo.
El asunto se internacionaliza al extremo que desde
todos los rincones de Latinoamérica, incluso desde España, se ofrece
ayuda a la niña Rosa, asumiendo hasta la adopción del bebé.
Después de salir de Costa Rica, la niña y sus padres
desaparecieron de la vista de las personas que estaban autorizadas
a hacerse cargo de ella. Los médicos ginecólogos más prestigiosos
de Nicaragua ofrecieron sus servicios gratuitamente, y tampoco esto
fue aceptado. Solo se conoció por medio del diario La Prensa, de
Nicaragua, un comunicado de la madre de la niña, en el que rogaba
al pueblo nicaragüense que comprendiese que ella quería a su hija
viva y no muerta, mostrando que estaban siendo engañados y manipulados
para forzarlos a aceptar que la niña fuese sometida a un aborto.
Desde que la niña entró a Nicaragua, con excepción
de la Red de Mujeres y el procurador de Defensa de los Derechos
Humanos, no fue vista ni se supo dónde estaba. El Ministerio de
la Familia, a quien según la ley le correspondía su protección y
atención, no pudo lograr que se le informara el sitio donde se encontraba.
Cuando estas señoras comenzaron a exigir el aborto y el dictamen
de una comisión, utilizando dolosamente el Artículo 165 del Código
Penal, se dio una reunión entre altas autoridades del Ministerio
de Salud y los grupos pro-aborto. El Ministerio de Salud puso a
disposición de la niña una habitación confortable y equipada en
el Hospital Infantil y en el Hospital de Gineco-Obstetricia. Los
grupos pro-abortistas lo rechazaron. Pidieron la evaluación en un
hospital materno-infantil, exigiendo que los ginecólogos fuesen
solo mujeres. El dictamen en lo medular consideraba a la niña estable
y el embarazo en buenas condiciones; indicaron sobre los riesgos
que conllevaría un aborto o un embarazo. Estaban presentes autoridades
del Ministerio de Salud y la ministra de Familia y su personal con
el fin de hacerse cargo de la niña, como correspondía. Sin embargo,
sucedió lo inesperado: los grupos pro-abortistas sacaron a la niña
del hospital furtivamente, teniéndola nuevamente en paradero desconocido.
Al día siguiente la niña fue sometida a un aborto provocado. El
presidente de la República simplemente se lavó las manos y manifestó
a sus ministerios que el caso estaba cerrado.
Quedan muchas interrogantes después de lo acontecido.
El presidente de Nicaragua debió entregar la niña al cuidado de
la ministra de la Niñez y a ginecólogos competentes, responsabilizándose
directamente del caso, y no permitir a grupos evidentemente pro-abortistas
el cuidado de la menor. El grupo feminista radical “Red de mujeres
contra la violencia” que escenificó este terrible drama del aborto
provocado, actuó paradójicamente justamente a favor de ella.
Me resultaba difícil creer lo que un día leí sobre
las feministas radicales. Decía aquel escrito, entre otras cosas,
que: “la libre opción era su religión y el aborto su sacramento”...
¡Qué pena!, ahora lo han corroborado con sus propios hechos. Lo
importante era el aborto en sí. No se sintieron satisfechas hasta
que lograron violentar por segunda vez el cuerpo de esta niña cuya
desgracia fue haber sido abusada sexualmente. Utilizando la ignorancia
de la niña y de su madre y la complicidad del padrastro, lograron
sus indignos e inhumanos objetivos.
Es verdaderamente lamentable cómo funcionarios gubernamentales,
en este caso el procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua,
se han prestado para este escandaloso y abominable acontecimiento;
que instituciones creadas para defender los derechos de los seres
humanos se desvíen de esa manera tan terrible y cruel, y que la
sociedad lo permita y lo consienta. ¿Derechos humanos? ¿De quién?
¿De las feministas por instaurar su religión? Y la vida del niño
que aún no había nacido, ¿quién la defiende? Lo que sucedió con
la niña Rosa debe ser investigado hasta las últimas consecuencias.
Cada día es más alto el índice de niñas embarazadas por adultos
en nuestros países. ¿Será la magistral solución de nuestras autoridades
someterlas a un aborto provocado con todas las consecuencias que
trae este hecho? ¿Por qué hacer caer el peso de la ley en inocentes
criaturas? ¿Solo porque no pueden hablar y defenderse? ¿No sería
mejor castigar a los culpables con penas verdaderamente ejemplares?
¡Vaya leyes las nuestras! ¡Vaya derechos humanos!
La cultura de la muerte, como vemos, está instaurada.
Nos compete a nosotros los miembros de la sociedad civil, de profundas
raíces cristianas, defender nuestros principios y valores morales,
y luchar para que se instaure el respeto por la vida humana desde
la concepción hasta su muerte natural. Si nos quedamos con los brazos
cruzados, muy pronto pagaremos las consecuencias.
La autora es secretaria de la Fundación Vida
y Familia
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