Los alarmantes niveles de contaminación del río Chagres que amenazan la provisión de agua potable para más de un millón de panameños, son el resultado de la desidia y la incapacidad de muchos funcionarios. El país cuenta con todas las herramientas técnicas para darle una efectiva solución al problema. La trilogía de planes general, regional y urbano, preparados en la década pasada por la Autoridad de la Región Interoceánica y el Ministerio de Vivienda a un costo de 12 millones de dólares, contienen todo lo que se debe hacer para que la cuenca hidrográfica del Canal no se contamine y esto ponga en peligro el abastecimiento de agua para las ciudades de Panamá y Colón. La Autoridad Nacional del Ambiente cuenta con la Estrategia Nacional del Ambiente, plan que establece lo que se debe hacer para garantizar la producción de agua para el consumo humano y la actividad económica. Además, la Autoridad del Canal de Panamá crea y administra el Consejo Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica (CICH) para coordinar las gestiones públicas y privadas que funcionan en la Cuenca. Es evidente, entonces, que la aplicación de todos los planes preparados para evitar el deterioro y revertir los daños causados a la cuenca no están produciendo los resultados técnicos enunciados. Son meras palabras que se lleva el viento y chorros de fondos públicos que se derrochan para sostener una burocracia gubernamental ineficiente.