Gobierno rechaza fallo de la CIDH
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
El Gobierno decidió desconocer un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, mediante el cual se le obliga a desembolsar pagos adicionales en concepto de prestaciones laborales a 270 trabajadores despedidos con la Ley 25.
En un fallo de noviembre del 2002, la Corte ordenó pagos adicionales que no fueron cumplidos en junio del año pasado, a los trabajadores que demandaron al Estado por despido injustificado en 1990.
El ministro encargado de Economía y Finanzas, Pulio Cortes, afirmó que el Gobierno respeta el fallo del 2 de febrero del 2001 y afirmó que le ha dado fiel cumplimiento.
Sin embargo, dijo que el Gobierno observa que la resolución de la CIDH del 22 de noviembre del 2002 contiene apreciaciones incorrectas y refleja un carácter no previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el estatuto ni en el reglamento de la CIDH.
El Gobierno sostiene que la resolución no tiene sustento en el marco jurídico de la Corte, porque ha vuelto a interpretar su propia sentencia. El 3 de agosto del 2001, el Gobierno pagó 3 mil dólares a cada uno de los 270 ex empleados beneficiados con la sentencia de la CIDH, lo cual representó un desembolso de 810 mil dólares. De esta forma, se cumplió con el pago de la condena por daño moral impuesta al Estado. Adicionalmente, el Gobierno pagó a 195 ex empleados, una indemnización de 7 millones 688 mil 975 dólares y además, también canceló la suma de 120 mil dólares en concepto de costas y gastos del proceso.
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