Ley del talión en Asuntos del Canal
Cuando Martinelli fue nombrado ministro de Asuntos del Canal, en 1999, unos 50 funcionarios fueron también despedidos
RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com
La frase bíblica que reza “con la misma vara que midas, serás medido y una cuarta más” parece ajustarse muy bien al problema con el personal que fue despedido de la oficina del ministro de Asuntos del Canal, bajo la jefatura de Jerry Salazar.
Cuando Ricardo Martinelli fue nombrado como ministro de Asuntos del Canal, en septiembre de 1999, medio centenar de funcionarios que laboraba en esa oficina fue igualmente despedido de sus puestos de trabajo, lo que transgredió el procedimiento establecido, informaron los afectados.
El ejecutor de esa medida, recordaron, fue precisamente Leo González, antiguo secretario general de esa oficina, quien ahora aparece en los medios radiofónicos y televisivos como el defensor de la legalidad y el debido proceso administrativo.
Ese principio que ahora reclama González, dijo Martínez, uno de los afectados con los despidos en 1999, no lo aplicó Martinelli con el personal entre los que figuraban administrativos e ingenieros que laboraban desde la comisión de transición, que estuvo bajo la coordinación de Augusto Zambrano.
Martínez, quien ejercía el cargo de planificador II y cuya posición fue dejada insubsistente el 3 de septiembre de 1999, manifestó que ese personal trabajó en la creación de la estructura de lo que posteriormente se llamó la oficina de Asuntos del Canal.
El resuelto en el que se le informó sobre su destitución, fue firmado por González como secretario general ad hoc, y la nota ni siquiera fue impresa en papel membretado de esa oficina.
Entre los despedidos figuraron Carlos Levy, conductor; Mariza de Sánchez, trabajadora manual; Jorge De León, trabajador manual; Filiberto Samudio, secretario; Rubén Zamorano, analista de sistema; Roberto Rodríguez, relacionista público; José Huerta, cotizador; Nelly Lamper, planificadora; Lissa Guerra, recepcionista; Moisés de la Cruz, secretario; Jean Rojas, abogado; Carlos Rodríguez, asistente ejecutivo; Nelson Guerra, ingeniero, y Alejandro Montenegro, planificador.
Sus declaraciones, dijo, no deben interpretarse como una defensa de las medidas que ahora adopta Salazar, sino que las palabras difundidas por González en los medios de comunicación contradicen lo que hizo cuando destituyó a un número importante de funcionarios sin el debido proceso.
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