Ocupada en pugnas palaciegas, la Presidencia de la República no se ha detenido a evaluar el severo golpe asestado al patrimonio nacional con el hurto de más de 300 piezas precolombinas de oro y de cerámica. No se trata de una sustracción cualquiera: es parte de la memoria de la nación lo que se ha despojado, con mucha pericia y conocimiento, del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Los tesoros arqueológicos tomados, en una operación que parece 'perfecta', son invaluables y no existe forma de reemplazarlos. Integraban el museo como resultado de hallazgos logrados en distintas épocas por la dedicación y el trabajo de muchos nacionales y extranjeros interesados en la acumulación de evidencias de la historia de este pedazo de tierra. Las investigaciones preliminares del hurto indican que los autores son conocedores de la materia arqueológica, pues supieron discriminar entre las piezas reales y las de fantasía, y además demostraron dominio sobre el sistema de seguridad. Sobre todo en el año del centenario, este crimen no debe ser arropado en esa especie de estigma nacional que es la negligencia. Este lamentable hecho además pinta de cuerpo entero la ineficiencia y el desgreño administrativo existente en el INAC y demuestra lo errada que fue la decisión de la presidenta Moscoso de disolver el patronato que velaba por los intereses del museo.