Una demanda, una razón moral
El jueves 25 de febrero
de 1988, estas “fuerzas” cerraron nuestra fuente de trabajo, so
pretexto de tener una orden del entonces gobernador de la provincia
de Panamá
Basilio Fernández P.
Es posible que yo y la mayoría de los panameños
no logremos entender toda esa palabrería jurídica que utilizan las
autoridades judiciales para sustentar un asunto legal. Hoy, quisiera
compartir con ustedes, lectores de este diario, las razones que
por lo menos yo consideré moralmente aceptables para interponer
la demanda que contra el Estado panameño pusimos 72 trabajadores
del diario La Prensa.
El diario La Prensa y los que allí trabajamos
fuimos víctimas de varios ataques y cierres por parte de la Guardia
Nacional y luego por las Fuerzas de Defensa de la república de Panamá
en la década del 80. Diferentes nombres para denominar el mismo
cáncer que corrompió e hizo caer hasta lo más bajo a parte de nuestra
sociedad. El jueves 25 de febrero de 1988, estas “fuerzas” cerraron
nuestra fuente de trabajo, so pretexto de tener una orden del entonces
gobernador de la provincia de Panamá. El mismo señor que hoy se
pasea en reuniones de consejos, comités, etc., para normar la profesión
o la actuación de los medios de comunicación, sin tener el más mínimo
cargo de conciencia. Según se dijo entonces, esta orden estaba amparada
en un artículo del Código Administrativo, a lo que no le veo ni
pies ni cabeza, porque considero que ningún artículo de ningún código
ni de nada, puede tener mayor validez que una norma de nuestra Constitución
Nacional. En este caso la Constitución fue violada como muchas veces
lo hicieron en diversas circunstancias que se vivieron en esa época.
Decir que los poderes del Estado de entonces estaban
secuestrados, es pretender tapar el sol con una mano.
Aparte de silenciar a La Prensa, se buscó afectar
los intereses de los que en ese entonces eran miembros de la junta
directiva del diario. Roberto Eisenmann lo vivió en carne propia
cuando le quemaron uno de sus negocios. Con el respeto que se merecen
los miembros fundadores de la junta directiva de este diario, y
desde mi punto de vista, dudo mucho que ellos necesitaran de La
Prensa para poner un plato de comida en su casa. El cierre, más
que afectar a estos compañeros accionistas, afectó la libertad de
expresión, la economía y la tranquilidad familiar de más de 72 trabajadores.
Quizás, cuando mucha gente oye hablar de la demanda,
solo piensa que estamos pidiendo como indemnización 2 millones 146
mil 902 balboas con 38 centésimos, pero el asunto es más profundo
que esto. El cierre nos llevó definitivamente a cambiar nuestro
ritmo de vida y, como consecuencia, algunos de nuestros compañeros
fueron desalojados de sus casas o llegaron al punto de tener una
exagerada carga financiera en intereses por no poder pagar sus obligaciones
con bancos, financieras, etc.; se desintegraron familias, uno de
nuestros compañeros perdió una de sus manos y, así, hay muchas historias
que son las razones verdaderas por las cuales, en democracia, interpusimos
esta demanda.
Lo que más lástima me da de toda esta historia,
es que pese a que lo sucedido fue algo público y notorio, pareciera
que ya nadie se acuerda, excepto quienes representan las dos instancias
que fallaron a favor de nuestros reclamos.
Hace unos días recibimos la noticia de que miembros
de la Corte Suprema de Justicia han fallado en contra nuestra, y
solo me resta decir dos cosas: La primera, que seguiré luchando
para que las autoridades reconozcan que con nosotros, y con otros
muchos panameños, se ha cometido una gran injusticia; y la segunda,
es recordar que entre los trabajadores de La Prensa, también hay
santeños.
El autor es licenciado en administración de
empresas
Además en opinión
• La salud de Panamá
en cifras comparativas: Xavier Sáez-Llorens
•
Una demanda, una razón moral: Basilio
Fernández P.
•
La perversidad y su trascendencia: Doris R. de Mata
• Sobre la riqueza
de todos: Olmedo Miró
•
Votemos por Endara: Juan B. Gómez
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