Panamá, 17 de febrero de 2003
 
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Desempleo: el mayor problema nacional

Panamá mantuvo durante la década de los sesenta y setenta niveles de desempleo similares a los de los países desarrollados, rara vez superando el 8%, y promediando apenas 6.8% de 1968 a 1976

David Saied
pulso_economico@yahoo.com

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Economistas nacionales han puntualizado sobre la necesidad de reemplazar el agotado modelo de sustitución de importaciones por uno que promoviera las exportaciones, por lo reducido del mercado interno.

En el análisis acostumbrado de esta sección, se han tocado diversos temas de gran interés desde el punto de vista económico financiero, cubriendo una serie de importantes problemas nacionales, sin embargo, no se ha llegado a cubrir el tema del desempleo, que, según las últimas encuestas, la gran mayoría de panameños consideran como el principal problema nacional.

En efecto, ha habido el deseo de no profundizar en el tema del desempleo por considerar este más un síntoma que una enfermedad.

Nuestra economía sufre de varios padecimientos crónicos y estructurales, desde hace prácticamente dos décadas. Repasaremos, entonces, estas enfermedades estructurales que soporta nuestra economía, que han mantenido al país con altísimos niveles de desempleo en los últimos años.

Cabe destacar que, si el país enfrenta de manera integrada estos problemas crónicos, no solo logrará reducir significativamente las tasas de desempleo actuales, sino que podrá lograr el tan anhelado sueño nacional de pleno empleo.

PYMES y barreras de entrada

Probablemente la principal razón de un alto nivel de desempleo en el país es la enorme barrera inicial que el Estado le coloca a los nuevos empréstitos, los cuales, en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas.

Estas barreras toman forma de pseudo impuestos y controles previos, que funcionan como “multas” para negocios nuevos, que en su gran mayoría, nunca infringirán las normas o regulaciones.

Estamos hablando de las licencias comerciales, costos de registro, permisos, sellos, autorizaciones y toda clase de exigencias que carecen de sentido, y que al final, no solo frenan a la pequeña empresa, sino que inhiben el autoempleo, fomentando un desempleo excesivo. Por ejemplo, se les exige a los supermercados un “certificado” de salud previo, a un costo, para la ubicación de un baño, lo que equivale a un impuesto o multa previa.

Lo que debiera ocurrir es que no se le exija nada al supermercado antes de abrir, permitirle que abra y empiece a generar empleo y valor agregado para el país, y si, por casualidad, no cumple con unos requisitos razonables de salud, entonces se le aplica una multa.

De esta forma no se frena la apertura de nuevos negocios, y se castiga únicamente a los que incumplen, no a todos. Además, al eliminarse el permiso previo, se elimina la posibilidad de corrupción y de pedir “comisiones” a cambio de otorgarlos.

Debemos resaltar que en los países desarrollados, como Canadá —un país de 32 millones de personas—, la gran mayoría del empleo lo generan empresas pequeñas y medianas (pymes).

Como muestra la gráfica, más de 75% de las empresas tienen menos de 5 empleados y un 93% tienen menos de 20 empleados.

De allí la importancia de no poner barrera alguna para las pymes, es decir, eliminar toda la tramitología y derogar las licencias comerciales para empresas regulares.

El Ministerio Público y el sistema judicial deberán encargarse de las empresas infractoras de la ley, y las regulaciones deberán de ser pocas, flexibles y ligeras.

Incentivos para el desempleo

Otra de las razones de nuestros altos niveles crónicos de desempleo es el sistema fiscal y de costos laborales, que desfavorece la utilización de mano de obra en favor de la utilización de bienes capitales, ya sea planta, equipo o bienes inmuebles, a través de incentivos fiscales, como la depreciación acelerada y la exoneración de bienes inmuebles. Esto claramente se puede ver en la enorme sobreoferta de bienes inmuebles y la poca oferta de trabajo actual.

Nuestra inflexible legislación laboral, y sus altos costos de indemnización y cesantía, encarecen, de manera artificial la mano de obra, y crean una enorme barrera de entrada al trabajo formal, manteniendo a miles de panameños desempleados o en la economía informal.

Modelo económico agotado

Panamá mantuvo durante la década de los sesenta y setenta niveles de desempleo similares a los de los países desarrollados, rara vez superando el 8%, y promediando apenas 6.8% de 1968 a 1976.

Al principio de la “década perdida” de nuestra región, la década de los ochenta, la tasa de desempleo se eleva sobre el 8%, y llega al 10% en 1984, para no bajar jamás de este nivel, hasta la fecha.

El modelo económico de sustitución de importaciones que logró buenos resultados en los sesenta, tanto en Panamá como en otros países latinoamericanos, empezó a flaquear a finales de los setenta.

Este proceso de sustitución de importaciones nunca pudo alcanzar su máximo nivel por lo reducido de nuestro mercado interno y porque exigía de la importación de bienes, como equipos y otros insumos, que la economía panameña no estaba en capacidad, ni tenía el grado de competitividad para producir, por lo cual no pudo sustituirlos. Esto, en consecuencia, limitó la expansión de la demanda efectiva nacional.

Sector terciario en maduración

Es imperante señalar que desde aquel entonces, grandes economistas nacionales empezaron a puntualizar —con poco éxito hasta la fecha—, sobre la necesidad de reemplazar el agotado modelo de sustitución de importaciones por uno que promoviera las exportaciones, en vista de que, un país pequeño como el nuestro, nunca lograría pleno empleo sin ellas, por lo reducido de su mercado interno.

Las características duales de nuestra economía, un sector terciario o de servicios altamente desarrollado e integrado al resto del mundo, y un sector productivo subsidiado y protegido, empezaron a crearse desde los setenta.

Posteriormente, las principales actividades del sector terciario, el Centro Bancario, el Canal de Panamá, y el centro de naves y sociedades, entraron en etapa de maduración o descenso en la segunda mitad de los ochenta.

De allí que el sector terciario no pudo seguir manteniendo al poco competitivo sector de producción y se inicia el deterioro económico nacional, que sumados a la crisis política de finales de esa década, acaban por llevar el desempleo a una tasa de 16.3% en 1988 y 1989.

Democracia y reformas económicas

La década de los noventa no sólo trajo devuelta la democracia y la paz social a nuestro país, sino que trajo consigo la esperanza de que el nuevo gobierno iniciara rápidamente las reformas económicas de carácter estructural que permitieran al país revitalizar su débil sector de producción industrial y agropecuaria.

Sin embargo, estas esperanzas se disiparon por la lenta marcha del proceso de apertura comercial y por un tímido inicio del proceso de reformas económicas, y un gobierno que mantuvo, en sus últimos años, un ritmo de ejecutoria cercano a niveles de parálisis.

En consecuencia, la economía se desaceleró rápidamente, de un nivel de crecimiento del 8.5% en 1992 a un nivel de crecimiento de apenas 2.9% en 1994.

Cabe destacar que al no hacerse las reformas de carácter estructural que reemplazaran al mencionado modelo agotado de sustitución de importaciones, la producción de bienes no salió de su letargo y no generó la deseada oferta exportadora; igualmente el desempleo se mantuvo muy alto, en 14% para el último año de la administración 89-94.

El retraso del país pareció acabarse en los años de 1995 y 1996, con el fuerte programa de reformas y apertura, que aunque llegaron casi 15 años tarde, lograron finalmente bajar el desempleo a su nivel más bajo en 17 años, 11.6% en 1999 y alcanzando finalmente revitalizar el sector productivo; primero, la industria, la cual creció 6.4% en 1997, y luego, el agro que rompe récord con un crecimiento de 8.3% en 1999.

¿De vuelta al modelo agotado?

Sin embargo, desde 1999 hasta la fecha, la política económica del país hizo una reversión al modelo de apertura y ha vuelto al agotado modelo de sustitución de importaciones, subiendo aranceles, y además, ha retornado al también agotado modelo estatista, donde el gobierno interviene fuertemente en la economía, incrementando significativamente el gasto gubernamental.

El problema es que el gobierno, al ser un administrador ineficiente de los recursos que percibe de los ciudadanos, resta competitividad a la economía y exacerba el desempleo. Además, el nivel de inversión del gobierno es extremadamente bajo.

Lo increíble es que muchos interlocutores continúan insistiendo, de manera equivocada, que el problema del desempleo actual se debe al modelo de liberalización y apertura. ¿Modelo de liberalización? ¿Cuál modelo? Recordemos que desde el giro del siglo XXI se han erigido barreras al libre comercio y hemos regresado al modelo proteccionista de sustitución de importaciones, y que en nuestro país no está activo modelo alguno de apertura.

Por consiguiente, el desempleo se ha vuelto a elevar y aunque las cifras oficiales del gobierno indican un descenso, las cifras de algunos gremios colocan el desempleo a niveles similares a los de 1988-89.

El problema es que si se mantienen las peligrosas promesas populistas y pseudo-nacionalistas de algunos candidatos, el desempleo en los próximos 5 años no logrará reducirse, y, por el contrario, se volverá a incrementar.

El autor es analista financiero.


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