Cigarruista admite ‘compromisos’
para su ratificación
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
La presidenta, Mireya Moscoso, y los legisladores
se pusieron de acuerdo hace un año para conferirle un puesto de
magistrado al entonces legislador arnulfista Alberto Cigarruista.
“Hubo una serie de compromisos entre los legisladores
y la presidenta de la República para que yo viniera a la Corte Suprema
de Justicia, cosa que yo no quería decir nunca al país”, admitió
el magistrado Cigarruista.
La revelación fue hecha ayer por el magistrado en
el programa radiofónico que dirige Mario Velásquez en KW Continente,
un año después de haber estallado el escándalo por las denuncias
de soborno en la Asamblea Legislativa relacionadas con la ratificación
de él y de su colega Winston Spadafora.
Cigarruista no especificó qué tipo de acuerdos políticos
se concretizaron para que él fuera ratificado por la Asamblea Legislativa,
ni quiénes fueron los legisladores que adoptaron los “compromisos”.
Agregó que nunca pidió ocupar el cargo de magistrado
de la Corte Suprema, pero destacó que al llegar al puesto se apartó
totalmente del plano político.
Cigarruista en tono airado manifestó que no está
dispuesto a continuar “aceptando más palo” (refiriéndose a las críticas
por su nombramiento).
“No soy hombre de recibir palo y me voy a defender,
cueste lo que cueste”, advirtió.
En horas de la tarde de ayer, Cigarruista no quiso
hacer comentarios adicionales sobre este tema y prefirió evitar
a los periodistas que lo cuestionaron al respecto cuando visitó
brevemente la sede del Colegio de Abogados.
La supuesta compra de votos en la Asamblea para
ratificar a los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora
fue denunciada por la legisladora del PRD Balbina Herrera el 9 de
enero del 2002 dentro del pleno legislativo, luego de que sus copartidarios
Carlos Afú, Carlos Alvarado y Tomás Altamirano Duque votaran en
favor de esas designaciones.
Estas denuncias de la legisladora Herrera, junto
con las del legislador del PRD Carlos Afú sobre supuestos sobornos
en la Asamblea para votar en favor del proyecto CEMIS, fueron investigadas
en un solo expediente por el Ministerio Público.
Recientemente la procuradora suplente, Mercedes
Araúz de Grimaldo, denunció que no se había profundizado en las
denuncias sobre compra de votos para ratificar a los magistrados
y que la investigación se basó en el caso CEMIS.
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