Rechazan veto a la ley de delitos financieros
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La comunidad financiera y empresarial no parece haber recibido de buena gana el anuncio del veto presidencial a la ley que aumenta las penas para quienes incurran en delitos financieros y amplía su tipificación.
Para Guillermo Márquez Amado, quien hasta hace poco ejerció como curador de la quiebra del Grupo Fotokina, los argumentos esgrimidos por la presidenta Mireya Moscoso son “pueriles y tontos”.
Por ejemplo, a Márquez Amado le llama la atención que la mandataria considerará inexequible el artículo 2 de la ley objetada, que —según ella— “plantea una ostensible desigualdad” en el tratamiento legal que se le da a los funcionarios públicos perseguidos por la posible comisión de un hecho punible. Aunque la intención de Moscoso pareciera ser muy “noble”, Márquez opina que “hay muchos hechos que desdicen de esa intención, porque, por ejemplo, desde hace años se clama que haya un régimen laboral para los trabajadores públicos que sea más equitativo y acorde con los que rigen para el resto de los trabajadores del país, pero en ese sentido no hay avances”.
Para el abogado, “con estas quiebras que han habido, la presidenta pareciera que siente que tiene que defender a delincuentes de cuello blanco, que en algún momento colaboraron con ella y a quienes también ha hecho algún reconocimiento en el pasado, como el pasaporte diplomático a los Nandwani”. Con ello, Márquez se refiere a los hermanos Carlos y Ramm Nandwani, propietarios de Fotokina, quienes salieron a hurtadillas del país —presumiblemente utilizando pasaportes diplomáticos—, poco antes de que el Ministerio Público ordenara la detención preventiva de ambos.
En ese sentido, Victoria Figge, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), opinó que el veto presidencial demuestra “una falta de seriedad de parte del Gobierno, porque pareciera que no le importa que en Panamá no se castiga a los que incurran en delitos financieros”.
Al devolver la ley sin sancionar a la Asamblea Legislativa, el Organo Ejecutivo “deja a Panamá como un país atractivo para las personas que quieran venir a estafar, porque aquí no hay castigo”, puntualizó.
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