Panamá fue sede ayer de la diplomacia regional. Los jefes de Estado de siete naciones, además del canciller de Argentina, se reunieron en torno a uno de los asuntos contemporáneos más complejos: el conflicto colombiano. ¿Hasta dónde debe ser protagónico el papel de Panamá en un tema tan espinoso? ¿Debe meterse el país en camisa de once varas o, por el contrario, adoptar la política del avestruz? ¿Cuál es la medida de la participación panameña en la crisis? El conflicto está al otro lado de la frontera y con frecuencia la cruza, como sucedió a mediados de enero último, cuando un comando paramilitar llevó su furia cobarde a los poblados darienitas de Paya y Púcuru. A través de la Declaración de Panamá, los gobernantes dieron un espaldarazo a su colega Alvaro Uribe al condenar a los grupos alzados en armas en Colombia, a los que identificaron como “terroristas”. Las acciones de los insurgentes atentan contra la estabilidad política, económica y social de Colombia, lo que repercute en Panamá y en el conjunto de naciones vecinas. Esos actores del terror emplean los territorios del istmo centroamericano para el tráfico de drogas y armas, actos que deben ser prevenidos y reprimidos por los Estados. El terrorismo es un fenómeno transnacional que sólo puede combatirse con la cooperación entre países, como lo consignan recientes resoluciones emitidas por las Naciones Unidas y la OEA.