Información oficial, una caja fuerte impenetrable
RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com
Resulta urgente “romper” con la cultura del secretismo en el manejo de la cosa pública, tradicionalmente enquistada en la administración gubernamental, manifestó Guido Rodríguez Lugari, defensor del Pueblo Adjunto, quien considera necesario educar al servidor público para que responda con prontitud a la solicitud de información.
Con su opinión, Rodríguez Lugari se une a la expresada por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, que consideró casi inexistente la voluntad de un alto porcentaje de instituciones en facilitar información de carácter público.
La Prensa intentó la semana pasada –específicamente el martes 28 de enero– obtener documentación pública sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2002 en los renglones de compra de automóviles, computadoras y útiles de oficina, así como viajes al exterior. ¿El resultado?: Cincuenta oficinas públicas fueron consultadas, pero solo siete entregaron la documentación de forma inmediata.
A juicio del defensor adjunto, el mejor antídoto contra la mencionada cultura es la aplicación de la denominada Ley de Transparencia, aunque discrepó con el contenido del decreto ejecutivo que la reguló y que, precisamente, fue demandado por la Defensoría del Pueblo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ese decreto, estimó, se ha prestado para que los funcionarios no faciliten información.
Hay resistencia en un número importante de entidades en facilitar información. Esa renuencia, afirmó Rodríguez Lugari, está asentada en la cultura tradicional del secretismo. Y la realidad en ese punto es clara: a mayor información, menor percepción de corrupción.
En la actualidad están incorporadas al nodo de transparencia de la Defensoría, 34 instituciones, seis de las cuales son ministerios. Allí pueden obtener información de 113 mil 824 funcionarios. Ello representa 87 millones 226 mil 279 dólares con 19 centésimos mensuales en concepto de salarios, gastos de representación y otros emolumentos.
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