Instituciones locales en guerra
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
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Una activista del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y simpatizante del representante de Santa Ana, Jair Martínez, hace sonar una olla afuera de las instalaciones del Consejo Municipal capitalino, como medida de presión para que el alcalde Juan Carlos Navarro la restituya en su cargo.
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Por segunda semana consecutiva, el Consejo Municipal de Panamá vivió una jornada conflictiva debido a la complicada relación existente entre algunos concejales y el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.
Antes de iniciarse la reunión de ayer, martes, un grupo de aproximadamente 30 personas protestaba frente al Palacio Municipal por la destitución de algunos funcionarios de las juntas comunales de Ancón y Santa Ana.
Los funcionarios destituidos lograron cortesía de sala en la sesión del Concejo, para exponer una supuesta persecución del alcalde Navarro por formar parte del equipo de trabajo de los representantes Jair Martínez, de Santa Ana; y Joaquín Vásquez, de Ancón. Martínez, a pesar de ser miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), logró la presidencia del Consejo Municipal de Panamá, gracias al voto del representante de Ancón (también del PRD) y la bancada ligada al Gobierno nacional.
Los concejales trataron de aprobar por urgencia notoria una resolución en la que solicitaban al alcalde Navarro el reintegro de los destituidos. Sin embargo, la resolución no logró los 13 votos necesarios.
En la sesión de ayer, Minerva Batista, representante de Betania, denunció también a la administración municipal de estarle removiendo los anuncios de las obras comunitarias como represalia por la falta de apoyo a las peticiones del alcalde. Esta acusación fue ratificada por otros concejales –Astrid Wolff, de San Francisco, y Mabia Muñoz, de Tocumen– que dijeron haber sufrido los mismos métodos por parte de Navarro.
Por su parte, Ricardo Laviery, vocero de la Alcaldía, negó que se trate de represalia alguna. “Es únicamente la continuación del plan de contención del gasto municipal para evitar una crisis presupuestaria”, aseguró.
Con relación a la remoción de anuncios, igualmente negó las acusaciones y explicó que, en cumplimiento de las disposiciones municipales, la Alcaldía ejecuta un programa de retiro de vallas ilegales. “Todos los letreros, sean publicitarios o institucionales, deben solicitar autorización al Municipio y eso lo saben todos los representantes”, concluyó Laviery.
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