La información oficial debería ser asumida con frialdad y confianza. Al menos ese fue el espíritu cuando se creó la Dirección de Censo y Estadística de la Contraloría General de la República y la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Planificación y Política Económica. Cifras emanadas de esas instituciones eran recibidas sin sospechas, porque eran reales y serias. Pero eso se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, y más recientemente con las preocupaciones del Gobierno de cumplir con las calificadoras de riesgo en la entrega de indicadores económicos “saludables”. Se adoptan compromisos que implican que si no se cumple con un determinado indicador, el país se descalifica. Al ajustar las cifras, el Gobierno está deteriorando aún más la confianza que tienen los panameños en sus propias instituciones. Las cifras oficiales suministradas del déficit fiscal ahora generan suspicacias. Según economistas y expertos, están tan “maquilladas” que se amerita una revisión exhaustiva del sistema. No se trata de entregar cifras para salir del paso: se trata de dar información real para que los agentes económicos y el conjunto de la ciudadanía adopte decisiones adecuadas. El MEF le debe aún a la sociedad la publicación oportuna del informe de coyuntura del tercer trimestre del 2002. ¿Qué se oculta? Estas conductas, en vez de contribuir, deterioran el factor credibilidad, que es fundamental en la vida de las instituciones y en el desarrollo económico.