Ex inquilinos ‘vuelven’ a la Renta 5

En la acera, frente a los escombros de Renta 5, durmieron los ex inquilinos de este inmueble que todavía no tienen dónde vivir

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Pasaron la noche durmiendo en la acera frente a las ruinas de Renta 5, su antigua residencia. Son 17 mujeres jefes de familia y 16 niños que tuvieron que salir de donde estaban alojados, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, al ser amenazados de muerte por bandas de malhechores de Curundú.

“Por temor” los ex inquilinos de Renta 5 que estaban alojados en el estadio Juan Demóstenes Arosemena agarraron su ropa y colchas y se trasladaron a vivir en la acera de su vieja residencia.

La damnificada Miroslava Gómez informó que las amenazas empezaron luego de que un menor de 17 años fuera asesinado el martes, precisamente en el pasillo que divide los cubículos donde se hospedan, debajo de las gradas del estadio, presumiblemente por bandas de Curundú.

“Nos están amenazando de muerte porque dicen que los de la banda de Renta 5 fueron los que lo mataron, y aquí no hay ninguna banda porque la mayoría de nosotras somos mujeres”, dijo Gómez.

Ayer la Policía Nacional reportó la muere de un menor de 17 años, a quien le dispararon 16 veces, supuestamente vinculado a la banda “NTF” de Curundú, hecho ocurrido en la tarde del martes 28 de enero.

Después de que mataron al joven, explicó Gómez, “vinieron a decirnos que niños, ancianos y mujeres, los que sea, van a pagar por la muerte del muchacho”.

El asesinato ocurrió a las 3:00 p.m., según Gómez, y a eso de las 8:00 p.m. del martes los damnificados decidieron salir del lugar porque sus vidas estaban en peligro. Fue entonces cuando tomaron sus pocos enseres y retornaron al área del viejo inmueble para llamar la atención de las autoridades.

“En esta vuelta no salimos de aquí hasta que no nos den una solución”, advirtió Gómez.

Son 17 mujeres jefes de familia y 16 niños que durmieron la noche del martes en la acera que está frente a los escombros de Renta 5.

Cuando a estas familias se les desalojó de la Renta en julio del año pasado y se les trasladó al estadio de Cabo Verde, el Ministerio de Vivienda (MIVI) les aseguró que la medida era provisional, que no pasaría de un mes.

Ayer las afectadas se reunieron con la secretaria general del (MIVI), Alicia Jiménez, quien les dijo que ya tiene una solución al problema, pero mientras se les proporcione un techo definitivo serán trasladadas a unas pensiones en el corregimiento de San Felipe.

“El MIVI se encuentra en la búsqueda de una solución al problema, pero estos trámites tomarán de dos a tres meses”, señaló la funcionaria.

El MIVI dará a conocer el lugar donde estas familias serán reubicadas para evitar que sean una vez más rechazadas.

Hace unos meses, cuando el MIVI anunció que las reubicaría en Pan de Azúcar, la comunidad protestó públicamente. Igual ocurrió cuando se planeaba alojarlas en Parque Lefevre.

La funcionaria advirtió que el problema de seguridad no le compete al MIVI, pero que en lo que respecta al aspecto habitacional se comprometió a tenerles una alternativa “lo antes posible”.

La reunión, que fue coordinada por el representante de Calidonia, Ramón Ashby, se extendió desde las 3:00 hasta las 6:00 de la tarde.

Después de concluida la reunión, los damnificados se dirigieron a buscar sus pertenencias y los funcionarios del MIVI los trasladaron a San Felipe.

27 familias habían sido reubicadas en el estadio, pero, al ver que no se les daba una respuesta, aquellas en las que algún miembro tiene empleo decidieron buscar un refugio más seguro.

Estas familias fueron desalojadas por la fuerza el 4 de julio de 2002 del deteriorado edificio de Renta 5, ubicado entre las calles 25 y 26 este y avenidas Justo Arosemena y México, del corregimiento de Calidonia, de esta capital.

La Caja del Seguro Social (CSS), propietaria del inmueble, ordenó el desalojo de las familias sin ofrecerles ninguna solución de vivienda, por lo que quedaron a la intemperie durante una semana

Taxistas uniformados a partir del 2 de febrero

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Los taxistas de Radio Taxi San Antonio desde hace varios días usan sus uniformes con una placa distintiva que indica el nombre de la piquera.

Se les ha dado varias prórrogas, pero, según aseguran las autoridades de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), no hay más plazo.

El 2 de febrero todos los transportistas de la provincia de Panamá, tanto del sector colectivo como selectivo, deben portar sus uniformes.

Así lo reitera la ATTT, que además informa que los transportistas de servicio colegial y de turismo deberán estar uniformados al inicio del periodo escolar, el próximo mes de marzo.

Esta decisión, dice el comunicado, fue tomada mediante un acuerdo de la ATTT con la Cámara Nacional y Provincial de Transporte de Panamá.

Al conductor que incumpla con la medida se le multará y se le retendrá la placa de su vehículo. Cada piquera de taxi determinará las especificaciones del uniforme de los choferes.

Estas nuevas reglas forman parte de los acuerdos a los que llegaron el año pasado las autoridades gubernamentales y los gremios transportistas para el aumento del pasaje.

Los dueños de unidades de transporte selectivo están obligados a circular sus vehículos en perfectas condiciones mecánicas.

En principio la ATTT informó que desde diciembre los taxistas debían estar uniformados, luego de la prórroga solicitada por la Cámara Nacional de Transporte.

Esta medida no se cumplió porque, según informaron autoridades del Tránsito, muchas empresas de confección de ropa no habían podido cumplir con la entrega de las camisas.

A los conductores de buses se les aplicó esta norma desde el 16 de octubre del año pasado, pero en diversos operativos la ATTT ha verificado que no se está cumpliendo.

La medida del uniforme fue adoptada en mayo del 2001 como parte de los acuerdos de aumento o unificación del pasaje a 25 centavos cada tramo en todas las rutas de la capital.

El compromiso entre los dirigentes de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) y las autoridades implica el uso por cada conductor de “camisa o suéter con cuello y mangas, zapatos con medias” y las correspondientes medidas de aseo personal.

El Decreto alcaldicio 54 del 20 de enero del 2003 establece que en el periodo mencionado las oficinas municipales laborarán en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Con el horario especial serán compensados los días lunes de Carnaval y Miércoles de Ceniza, cuando las oficinas municipales permanecerán cerradas, lo que se aplicará a las dependencias administrativas, judiciales y corregidurías.

El decreto excluye a las dependencias de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario, que tendrán que laborar durante todos los días de Carnaval.

Este año, las fiestas carnestolendas se celebrarán desde el sábado 1 hasta el martes 4 de marzo.

Ayer, la Fundación para la Protección y la Seguridad Humana en San Miguelito presentó ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa su estrategia para enfrentar el dengue y cualquier otra epidemia que esté amenazando a la comunidad, con un método que ha dado resultado en otros países como la India, Filipinas y Puerto Rico.

Felipe López, secretario general de la fundación, explicó que en el caso del dengue hemorrágico, esta agrupación ha establecido acuerdos bilaterales con las cinco juntas comunales y el Ministerio de Salud para iniciar la labor en la que la Región de Salud de San Miguelito actuará como coordinadora.

López detalló que su método consiste en optar por la responsabilidad individual, en vez de la responsabilidad colectiva que ha fracasado en nuestro medio, como en los países arriba citados, los cuales enfrentaron epidemias de la mortal enfermedad.

En este caso, el programa implica el adiestramiento de 80 funcionarios de las juntas comunales, los cuales visitarán las 68 mil viviendas del distrito, durante siete meses para hacer conciencia en cada familia de la necesidad de adoptar medidas contra los criaderos del vector aedes aegypti para evitar una epidemia.

López añadió que acudieron a la Comisión de Salud para lograr que, tras escuchar su planteamiento, otorgue su aval para recibir el financiamiento del Estado en vista de que si lo hacen a nivel local es posible tropezar con los intereses políticos de cada sector. La fundación estima que su método funciona para prevenir otras epidemias como la del virus hanta y el ántrax.