¿Quién protege al juez marítimo?

Se ha creado en la ciudadanía una profunda desconfianza en los funcionarios encargados de administrar justicia

En la actualidad los panameños parecemos sentir más preocupación por el ambiente de corrupción que nos envuelve, que por las demás calamidades que normalmente aquejan a los países en vías de desarrollo. Tal vez –¡por fin!– hemos comprendido que mientras los encargados de gobernar no ajusten sus actuaciones a las normas éticas fundamentales, será imposible emerger de la pobreza. La excusa que suelen esgrimir algunos funcionarios de que la corrupción existe a todos los niveles, incluyendo el sector privado, aunque sea cierta no es justificable si tomamos en cuenta que las actuaciones de los gobiernos afectan a toda la ciudadanía y proyectan, además, una imagen negativa que ahuyenta la inversión en el país. Tampoco es aceptable el pretexto de que en todos los países hay corrupción. La afirmación es cierta, pero hay que añadir que los Estados que mejor grado de desarrollo alcanzan, son aquellos donde la corrupción se persigue y se sanciona. Y es que cuando los jueces se corrompen, entonces la nación, como un todo, entra en la espiral de la desintegración social hasta llegar, irremisiblemente, a la pérdida de la democracia y del estado de derecho.

Lamentablemente, en Panamá pareciera que estamos llegando a este punto. Se ha creado en la ciudadanía una profunda desconfianza en los funcionarios encargados de administrar justicia. Y no podría ser de otra manera, cuando vemos casos tan absurdos y patéticos como el del juez marítimo de Panamá. Este funcionario, cuyas actuaciones se proyectan más allá de las fronteras patrias y afectan, por consiguiente, la imagen de la nación, ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el delito de enriquecimiento ilícito. De la denuncia original conoció la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y tras de una prolija investigación logró recabar las pruebas que indicaban que el referido funcionario tenía cuentas bancarias por sumas que sobrepasaban con creces sus ingresos lícitos. En ese estado de la investigación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declararla nula, porque consideró que el Ministerio Público no tenía facultad para conocer de ese tipo de denuncias, sino que era la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) la que debía llevar a cabo la investigación. La junta directiva de la Asociación de Abogados Marítimos presentó entonces la denuncia ante la DRP y, una vez más, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que arrojó el mismo resultado que la llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Pero –¡oh sorpresa!– hace poco intervino nuevamente la Sala Penal de la Corte y volvió a declarar nulo el proceso, esta vez alegando que no había “prueba sumaria” que permitiera a la DRP iniciar la investigación. ¡Qué barbaridad, exigir prueba sumaria de un delito que está ampliamente comprobado a través de sendas investigaciones! O sea, pues, ni Chana ni Juana. Ni el Ministerio Público, ni la DRP –ni nadie– pueden investigar al juez marítimo, que hoy se encuentra protegido por un manto de inmunidad cortesía de la Sala Penal, similar al que arropa a algunos legisladores delincuentes.

Pero aún hay más. Poco antes de que la Sala Penal decretara su última absolución a favor del juez marítimo, ante el cúmulo de todo tipo de denuncias presentadas en su contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, resolvió suspenderlo por un mes, período durante el cual se encargó del despacho la licenciada Cristina Ciniglio. La jueza encargada se encontró con tantos y tan grandes horrores en el juzgado, que se vio obligada a remitir un informe preliminar al magistrado presidente de la Corte detallando las irregularidades. La carta tiene cuatro páginas a espacio simple y sería muy largo enumerar el rosario de anomalías y arbitrariedades descubiertas por la jueza, 29 en total. Baste con citar el punto 4, donde se afirma que hay expedientes “en los que las partes han agotado las etapas procesales, correspondiéndole al tribunal pronunciarse, y que se encuentran en completa inactividad, la que en ocasiones supera los dos (2) años”. En la sección de auditoría financiera del informe se citan irregularidades que guardan relación con los secuestros practicados por el juez marítimo, cualesquiera de las cuales sería motivo suficiente para que la Corte Suprema, que lo designó, ordene de oficio una investigación exhaustiva para imponer las correspondientes sanciones. Curiosamente, no es eso lo que ha ocurrido. La que, de acuerdo con lo publicado en la prensa local, recibió una amonestación por parte del presidente encargado de la Corte Suprema fue la jueza Ciniglio por haber tenido el coraje de denunciar lo malo. ¡Válganos Dios!

La pregunta que surge enseguida es ¿por qué? ¿A qué obedece ese insólito afán de algunos magistrados de la Corte por evitar que se investigue a un funcionario cuyas actuaciones dañan no solamente la administración de justicia, sino la imagen del país en el exterior? ¿Qué motivos puede tener la Sala Penal de la Corte para inmunizar al juez marítimo contra investigaciones por enriquecimiento ilícito? ¿Será, acaso, que están sentando un precedente que allane el camino para que otros funcionarios, posteriormente, puedan burlar también la acción de la justicia? Amanecerá y veremos.

• ¿Quién protege al juez marítimo?: Juan David Morgan G.
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