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Uribe indultará a paramilitares que se desmovilicen
BOGOTA, Colombia (AFP). —El gobierno colombiano emitió un decreto que contempla el indulto para los paramilitares que se desmovilicen en el marco del plan de paz, una medida criticada el martes por algunos legisladores que consideran que esas personas cometieron delitos comunes, no políticos.
Una fuente gubernamental dijo a la AFP que ese decreto no se aplicará a los autores de crímenes de lesa humanidad y que desarrolla una ley promulgada en diciembre pasado por el presidente Alvaro Uribe, la cual permite al Ejecutivo negociar la paz con las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha sin necesidad de concederles antes el estatuto político.
"Al amparo del decreto emitido recientemente, el Gobierno podrá conceder el indulto a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) que se desmovilicen en el marco de los diálogos (de pacificación) que se están llevando a cabo", explicó el responsable.
Las autoridades también concederán ayudas económicas, educativas y de salud a los integrantes de los escuadrones de extrema derecha que comparezcan ante las autoridades competentes y entreguen sus armas o aporten información creíble para ubicar otros pertrechos de guerra, se informó.
Los paramilitares de las AUC (más de 10 mil efectivos) combaten desde mediados de la década de 1980 contra las guerrillas comunistas FARC (17 mil ) y el ELN (4 mil)
Es una equivocación
Diversos legisladores, como los liberales Rodrigo Rivera y Fernando Velasco, criticaron el decreto, señalando que los paramilitares no están luchando contra el Estado, por lo que no han cometido delitos políticos, sino comunes.
"Considero que ese decreto es equivocado, porque la Constitución señala que solo se podrá conceder el indulto o la amnistía a los autores de rebelión u otros delitos políticos", dijo Rivera, presidente del directorio del mayoritario Partido Liberal (PL, que se autoproclama socialdemócrata).
Otro legislador del PL, Fernando Velasco, dijo que la norma emitida por el gobierno del presidente Alvaro Uribe podría ser anulada por la Corte Constitucional, debido a que presenta "algunos problemas".
Pero el congresista Mauricio Pimiento, próximo al mandatario, afirmó que el decreto no viola la Constitución, ya que se apoya en una ley promulgada en diciembre último, la cual permite al Ejecutivo negociar la paz con los rebeldes izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha sin necesidad de concederles previamente el estatuto político.
El gobierno de Uribe lleva a cabo desde la semana pasada conversaciones formales de paz con el grueso de las AUC, grupo al que Estados Unidos considera terrorista y narcotraficante, al igual que a las FARC y el ELN.
Washington reclamó la extradición por narcotráfico de los máximos líderes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes asisten a la mesa de conversaciones de paz con el gobierno de Uribe.
Los paramilitares colombianos también soportan acusaciones de haber cometido matanzas y desplazamientos forzados de campesinos, así como asesinatos selectivos de sindicalistas, líderes políticos y activistas de los derechos humanos, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Las AUC decretaron el pasado 2 de diciembre un cese de hostilidades de manera indefinida como muestra de buena voluntad hacia el esquema de paz, según indicaron en su momento Castaño y Mancuso, aunque varias facciones disidentes han protagonizado en los últimos días diversos actos violentos, inclusive en la frontera noroeste con Panamá, de acuerdo con las autoridades.
Tanto las FARC como el ELN se niegan a acogerse a un plan de paz gubernamental, alegando que Uribe es "neoliberal y fascista" y que se alió con los paramilitares para escalonar el conflicto que desde hace cuatro décadas afecta a Colombia.
Los rebeldes también han calificado de "farsa" el inédito esquema de diálogos entre la administración Uribe y las AUC, grupo al que consideran como "un apéndice del terrorismo de Estado".
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