Ante el asesinato y el terror que llevaron insurgentes colombianos a mediados de enero a comunidades darienitas, los gobiernos de Panamá y Colombia han reaccionado para ofrecer un mínimo de garantías a los pobladores de aquellas apartadas regiones. En una reunión celebrada ayer en la sede de la Cancillería bogotana, los representantes del gobierno del presidente Uribe se comprometieron ante la contraparte panameña a reforzar la seguridad en la zona limítrofe, a través de la instalación de 15 puestos policiales a lo largo de la frontera común de más de 250 kilómetros de extensión. Ambos gobiernos también proyectan establecer un sistema de intercambio de información y de patrullajes conjuntos en la zona, fórmulas que lamentablemente no se han empleado en las últimas épocas para disuadir el ingreso a territorio panameño por la frontera oriental de guerrilleros y paramilitares del vecino país, así como el contrabando de armas y el tráfico de drogas en una y otra vía. La falta de seguridad y de la cooperación binacional fronteriza están en las raíces de la tragedia de Paya y Púcuru. La cita colombo-panameña de ayer sucede a aquella que protagonizaron Moscoso y Uribe a mediados de diciembre en Bogotá. La cooperación binacional es uno de los factores para afrontar la crisis. El Gobierno panameño, por su parte, tiene que idear una estrategia efectiva para impedir que se repitan estas incursiones armadas al territorio nacional.