Se cumplió esta semana el primer aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia, sobre la que se cifraron muchas esperanzas en relación con el recto manejo de los asuntos públicos. Es una conmemoración sin espacio para la celebración, ya que esa legislación, una de las más novedosas y modernas aprobadas en la última época, fue cercenada con la emisión del Decreto Ejecutivo 124. Bajo la rúbrica de la presidenta Moscoso y el entonces ministro de Gobierno, Aníbal Salas [hoy magistrado de la Corte], el “decreto mordaza” asestó una herida de muerte a la Ley de Transparencia, cuyo texto brilla por su sencillez, al facilitarle al ciudadano las vías de acceso para requerir información de carácter público, y que, por lo tanto, para ser aplicada no precisaba de reglamentación alguna. Voces nacionales e internacionales se han alzado con el propósito de que la presidenta de la República enmiende el exabrupto con la derogación del decreto, cuya nulidad ha sido demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La ciudadanía está atenta al fallo que dicten sobre la materia los magistrados. Lo que ha emanado de la Corte sobre la Ley de Transparencia es contradictorio y caótico. Magistrados de quienes se esperaban posiciones dignas han enmarañado más el espacio legal indispensable para el combate a la lacra de la corrupción. Ha habido excepciones honrosas que han identificado el valor que tiene este tipo de legislación en el auténtico ejercicio democrático. Por la salud institucional de la nación, hay que salvar la Ley de Transparencia.