El silencio de los bancos

Me sorprende que los bancos no hayan pegado el grito al cielo ante la nueva disposición contenida en el Artículo 30 de la nueva ley sobre reforma tributaria

Hay un par de situaciones asociadas con el proceso de discusión y subsiguiente aprobación de la mal llamada reforma tributaria que continúan causándome perplejidad. Se trata de la actitud tímida, si bien se quiere decir, que asumieron el gremio bancario y los sindicatos de obreros durante el proceso de discusión pública del tema. Los banqueros votaron en blanco en el CoNEP, cuya organización votó a favor por mayoría de 14, con tres en contra, y la abstención ya mencionada. Los sindicatos no mostraron su usual agresividad, a pesar de reconocer que las nuevas medidas tributarias era dañinas a la clase obrera.

Tengo mi teoría acerca de la timidez de los sindicatos obreros, la cual asocio con el tema pendiente del salario mínimo. Sospecho, y creo no me voy a equivocar, que hubo un arreglo de trastienda con el Gobierno de que “pasaran agacha’os” a cambio de un regalito asociado con el tema del salario mínimo, el cual mantiene el Ejecutivo cual as bajo la manga. ¡Amanecerá y veremos!, como decía mi abuela.

Por otro lado, el CoNEP recibió su regalito. El SIP también recibió su “tate quieto”. Recibió extensión de las medidas proteccionistas que le favorecen; medida temporal, pues esta ley acaba con los incentivos fiscales.

De lo que no encuentro explicación, y me gustaría que mis antiguos colegas y amigos de la banca me la facilitaran, es el porqué de su actitud gremial pasiva ante medidas que claramente los afectan. Una, en particular, de lo que es ya ley de la República, es extremadamente peligrosa; lesiona, sin lugar a dudas, el concepto de confidencialidad bancaria. Otras, le causan gastos adicionales y posible pérdida de competitividad en generación de renta externa (offshore ).

El Gobierno, en su afán de pasar la mal llamada reforma tributaria para complacer a las IFI, responder a grupos económicos de poder y complacer a asesores extranjeros, creó una ley llena de “parches” y en el proceso ha formado un enredo jurídico padre. Una de las medidas peligrosas es hacer retroactivas ciertas condiciones legales, lo cual es claramente inconstitucional. Otra es darle al menos tres duros golpes al centro bancario.

Particularmente, me sorprende enormemente que los bancos no hayan pegado el grito al cielo ante la nueva disposición contenida en el Artículo 30 de la nueva ley. La nueva disposición le da potestad legal a la Dirección General de Ingresos (DGI) de “recabar de las entidades públicas, privadas y terceros en general, sin excepción, toda clase de información necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones tributarias”. En síntesis, la DGI tiene ahora autoridad legal para obtener información de los bancos hasta ahora confidencial. La expresión “sin excepción” le da esa facultad. La medida obviamente atenta contra el sigilo bancario. No veo que los bancos estén exentos. ¿Por qué no han reaccionado? Si tienen otra interpretación, por favor, háganme partícipe y explíquenmela.

Los bancos igualmente están afectados por otra nueva medida que obliga a atribuir cuidadosamente los costos y gastos a la renta que corresponda, sea exenta, gravada o de fuente externa (offshore). (Artículo 2, parágrafo 4). Hasta ahí, está bien. El problema se complica cuando el gasto genere indistintamente renta exenta, gravada o externa, en cuyo caso será deducible en la proporción respectiva, lo cual deberá comprobar el contribuyente, en este caso el banco. De no poder hacerlo, la proporción se hará basada en los ingresos totales de las diferentes rentas. Esto, en mi concepto, le crea un dolor de cabeza a los bancos que generan rentas exentas, gravables y externas desde sus oficinas en Panamá. Obviamente que hay maneras de asignar gastos al tipo de renta y los bancos saben hacerlo bien. La nueva medida, sin embargo, establece la condición de convencer “fehacientemente” a la DGI acerca de la atribución del gasto al tipo de renta, lo cual crea un alto grado de subjetividad a favor de esta entidad, que debilita y resta recurso al contribuyente. Además, hay gastos de tipo general asociados con el mantenimiento y operación de las oficinas de los bancos en Panamá que generan rentas de todo tipo que son difíciles de atribuir y cuya asignación basada en los totales de ingreso por renta puede ser injusta. Todo lo anterior causa pérdida de competitividad en generación de renta externa, y pronostico una migración de esas operaciones hacia el exterior con el consecuente daño económico y pérdida de empleos.

Por último, el Artículo 11 de la nueva ley, el que crea las nuevas estructuras de pago de licencias bancarias, tampoco beneficia a los bancos.

Quedo perplejo ante su silencio, y con la esperanza de que mi artículo los estimule a rendir una explicación.

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