Panamá, 20 de enero de 2003
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Panamá entra en su centenario en el peor momento de su historia independiente, gracias primordialmente a los numerosos desaciertos de la actual administración, que han sido posibles por la falta de un marco institucional sólido y por la ausencia de una base jurídica adecuada. La desaceleración económica iniciada en 1999 continuará este año, lo cual representará un récord de 5 años en recesión. Esta prolongada recesión económica ha generado enormes problemas nacionales, como muestra la tabla. Lo interesante es que esta coyuntura económica no podrá solucionarse con sólo hacer las reformas económicas que han venido pidiendo a gritos los especialistas en la materia, sino que requerirá de grandes cambios en el marco institucional y legal del país. Problemas en la raíz Cuando evaluamos las causas que han dado origen a la situación político-económica que vivimos hoy día, vemos que, aunque mucho tiene que ver con la pésima administración actual del ejecutivo, la causa-raíz del problema va más allá, teniendo su origen en la débil base institucional de nuestro sistema. La falta de controles, que otorgan agigantados poderes y un margen irrisorio de discrecionalidad a la presidencia, y demás cargos públicos, han permitido los desmanes por todos conocidos. Además, las leyes no se respetan, y el órgano judicial no actúa, permitiendo que reine la impunidad. ¿Qué permitió que la actual administración tomara control de ambos poderes del Estado? Recordemos que todo esto tuvo su génesis en el escándalo de la compra de votos en la Asamblea Legislativa al inicio del año pasado con el sonado caso Afú. En adición, funcionarios del sistema jurídico y electoral burlaron la Constitución de la República, y su artículo 145, al dejar sin efecto la revocatoria de mandato de los dos legisladores involucrados en este asunto. Esto permitió no sólo la politización de la Corte Suprema de Justicia mediante la designación de personas sin mayores méritos ni experiencia jurídica como magistrados, sino que abrió la puerta para que en septiembre del 2002 el ejecutivo controlara también el Poder Legislativo. ¿Será que existe una violación del Artículo 2 de nuestra Carta Magna donde dice que los tres órganos del Estado deben actuar “limitada y separadamente”? Origen del malestar económico Aunque la falta de una política económica coherente y las decisiones de la presidenta de revertir los avances económicos de la administración anterior han sido la fuente de la difícil situación económica que vivimos, estas malas medidas fueron posibles por la ausencia de seguridad jurídica y el alto grado de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo. Ni los aranceles ni los impuestos deberían poder subirse sin un referéndum o un cambio constitucional. Ni la presidenta ni funcionario alguno deben poder frenar el libre comercio, ni otorgar subsidios, ni cuotas, ni erigir barreras fitosanitarias, ni permitir monopolios que violan las leyes de libre competencia y los derechos de los consumidores. Leyes como la bancaria, el principio de la territorialidad, y la ley y costos de las sociedades anónimas no pueden desmejorarse, ni estarse cambiando cada vez que se le ocurra al gobernante de turno: requerimos de una verdadera seguridad jurídica. Sólo se deben permitir cambios legales cuando estos sean necesarios para que Panamá adquiera mayor ventaja competitiva global, como, por ejemplo, la eliminación de las licencias comerciales y de permisos innecesarios. Esto no implica que ahora nos debemos quedar con los ineficientes y onerosos códigos existentes en nuestro marco legal actual. El próximo gobierno tiene, no sólo el enorme reto de hacer una reforma de nuestra Constitución, sino que deberá también simplificar o derogar una buena parte de las leyes y códigos existentes. Sistema jurídico de siglo XXI Tenemos que empezar a pensar en un sistema jurídico de siglo XXI, donde la mora judicial sea penalizada, y donde los jueces sean juristas reconocidos. De esta manera tendremos opción a cambiar el sistema legal actual por un sistema de precedentes jurídicos, donde no sea necesario tener extensos y complicados códigos, que contienen todas las posibilidades y alternativas imaginables, en vista de que el Poder Judicial no es funcional. El problema es que el exceso de normas, disposiciones, leyes, tasas, impuestos, decretos y códigos, frenan la economía y desalientan la inversión local y extranjera, por su enorme complejidad. La política económica debe ser política de Estado en base a una visión compartida por todos los panameños, visión que debe tener una meta única y exclusiva: llevar a Panamá al primer mundo. Chile y México son los mejores ejemplos donde las políticas de apertura comercial no han sido revertidas ni por los gobiernos de izquierda ni por los de derecha. Superministerio Otra causa-raíz de nuestros problemas económicos fue haber eliminado el Ministerio de Economía en nuestro país. Desde el principio dijimos que era una mala idea, ya que este nuevo superministerio (MEF) bajo la dirección equivocada iba a supeditar la política económica para darle prioridad a la política fiscal, o lo que es peor, a la política tributaria, o sea, sólo preocuparse en subir impuestos, que es lo que al final ha ocurrido, con resultados desastrosos. Sociedad sin esperanzas Los problemas sociales de la nación (ver tabla) son consecuencia de lo anterior, sin embargo, tienen su origen en la malas políticas y decisiones económicas, y a la incapacidad de ejecución o a la ausencia de un plan de desarrollo nacional por parte de este gobierno. El ejemplo notorio de corrupción a todos los niveles del aparato estatal hace que los jóvenes sigan estos malos ejemplos: siguen el camino de la criminalidad y de la transgresión de la ley. El incremento en la violencia, el crimen y el consumo de drogas no son un problema de origen, sino que son síntomas de una sociedad resquebrajada en su fundamento institucional y económico, donde se ha dañado el tejido social, una sociedad frustrada, una sociedad sin porvenir ni esperanzas de un futuro mejor. Además en negocios • Telefónica
se enfrenta al Ente
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