Dos caras de la corrupción
El Organo Judicial de Chile
está funcionando al cumplir su misión, con rectitud, valentía e
independencia
Fernando Berguido
Cada año, cuando se publica el Indice Mundial
de Percepción de la Corrupción, hay un solo país de Latinoamérica
que salva la cara a toda la región: Chile. Si no fuera por Chile,
Latinoamérica tendría una puntuación promedio similar a la de Africa.
Transparencia Internacional ha dado una puntuación
envidiable a esta nación de manera consistente en los últimos años,
calificación que es comparable a la de los países más desarrollados
del mundo. Cuando visité Chile recientemente me encontré, sin embargo,
con una ciudadanía escandalizada por unos actos de corrupción que
la prensa había denunciado, y que mantenían a la ciudadanía alarmada.
Más que perturbados por los detalles que iban apareciendo en los
medios de comunicación, los chilenos con quienes me entrevistaba
se sentían abochornados por la conducta de sus políticos, decepcionados
ante una clase política que, mal que bien, se ha ganado una reputación
de probidad incomparable en la región.
Me interesó el caso y lo he seguido desde entonces.
Se conoce como el caso “Coimas” y el mismo explotó a mediados de
octubre del año pasado, cuando un empresario confesó haber pagado
por debajo de la mesa al entonces viceministro de Transporte, para
ser favorecido en la adjudicación de una concesión para la revisión
de vehículos. Investigaciones posteriores apuntan a favores y regalías
adicionales, y parece que parte de estos fondos fueron a parar al
financiamiento de campañas políticas.
La pregunta inocente salta de inmediato: con un
escándalo así, ¿cómo puede Chile seguir obteniendo calificaciones
tan meritorias por los analistas e inversionistas del mundo?
La respuesta viene de la mano. No hay país en el
mundo que esté libre de corrupción. La diferencia está en lo que
se hace ante el fenómeno. Hay países, como el nuestro, impávidos
ante el flagelo, con sistemas que no solo incentivan la corrupción
por su falta de transparencia y desmesurada burocracia, sino que
florecen en el medio de una cultura indulgente ante la corrupción,
ignorante de su costo y consecuencias y resignada por la impunidad.
Y hay otros que se han dado a la tarea de poner en práctica sistemas
que la controlan, la combaten y la sancionan, producto de sociedades
que sencillamente no la toleran.
Cuando llegué a Santiago, el escándalo llevaba un
mes en los medios de comunicación. Menos de 30 días después ya el
juez había ordenado la detención del viceministro, el jefe del gabinete
ministerial y un jefe de finanzas, además de dos empresarios. Más
meritorio aún, el hasta entonces viceministro de Transporte acababa
de asumir como presidente del cogobernante Partido Radical Social
Demócrata.
En las investigaciones se encontraron vínculos con
algunos diputados oficialistas y el juez solicitó el levantamiento
de la inmunidad.
Los cables internacionales acaban de dar la noticia
anhelada, en lo que han denominado la mayor crisis del Gobierno
chileno. “En un duro fallo contra la coalición gobernante, el pleno
de la Corte Suprema de Chile quitó el fuero parlamentario a cinco
diputados oficialistas por haber sospechas fundadas de su participación
en casos de cohecho y soborno por el funcionamiento de centros de
revisión técnica de vehículos”. Los magistrados levantaron la inmunidad
a diputados de todo el abanico gobernante, dos de ellos eran incluso
vicepresidentes de sus respectivos partidos políticos, además del
propio vicepresidente de la Cámara Legislativa.
El levantamiento de la inmunidad, que en Chile conduce
a una especie de separación del cargo, pone en aprietos a la coalición
gobernante al reducir la ventaja que tenía en la Cámara de Diputados,
a un solo voto.
El Organo Judicial está funcionando al cumplir su
misión, con rectitud, valentía e independencia. Eso hace una gran
diferencia en la democracia, en un estado de derecho, en la seguridad
jurídica y en todas aquellas cualidades que hacen la verdadera diferencia
entre las naciones desarrolladas y comprometidas con lograr mejores
días, y las que no terminan de salir del subdesarrollo.
¿Y cómo ha reaccionado el Ejecutivo, acosado por
estos escándalos, aparentemente sin precedentes en la nueva democracia
chilena? El presidente Lagos, que separó de inmediato a los implicados,
se ha comprometido a cumplir con la justicia “caiga quien caiga”.
Luego de la decisión de la Corte Suprema se nos informa que el Palacio
de la Moneda ha anunciado que tratará de enfrentar el problema frontalmente,
ha planteado la necesidad de una estrategia de transparencia –me
imagino el equivalente a lo que infructuosamente hemos venido proponiendo
en Panamá hace varios años, un “plan nacional de integridad”– y
presentando al Parlamento “regular la financiación de los partidos
políticos, las remuneraciones de los altos cargos y la modernización
del Estado”.
No es casual que Chile haya alcanzado y mantenido
los niveles de desarrollo que tiene, destacadísimos en la región,
y que sea el único país latinoamericano que año tras año logra arrancarle
a la pobreza miles y miles de ciudadanos. Y es que no hay secreto
en la fórmula: la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo no
tiene la más mínima posibilidad de éxito si no va de la mano de
una batalla contra la corrupción.
El autor es presidente del capítulo panameño
de Transparencia Internacional
Además en opinión
• Solicitudes a Juan
Jované: I. Roberto Eisenmann, Jr.
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Mis muertes preferidas: Jaime A. Porcell Alemán
• Dos
caras de la corrupción: Fernando Berguido
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