En la PTJ se encuentra abierta una caja de Pandora. Nada sorprende, pero todo es preocupante en esa entidad, bajo cuya responsabilidad descansa la investigación inicial de la justicia penal panameña. La corrupción se enseñorea oculta en el esquizofrénico limbo institucional de la PTJ. En atención a una absurda ley, queda la duda si su órbita es la del Ministerio Público o la de la Corte Suprema de Justicia. El Ejecutivo, además, sin rubor mete la nariz cada vez que puede. Peligrosa indefinición y triste destino de esa entidad de investigación, en la que una cantidad de agentes ha optado por unirse a los malhechores, en deshonrosa y criminal contravención de la obligación de servicio a la ley y el Estado. En medio de ese limbo, policías sin ningún escrúpulo se han dedicado a hacer negocios con los delincuentes, a los que deben combatir, sin importarles cómo esas acciones minan la fortaleza del Estado frente a las cada vez más poderosas organizaciones criminales, cuyas ramificaciones suelen trascender los linderos patrios. La comunidad respiró aliviada con los recientes pasos para lograr una purga en la PTJ. Sin embargo, las sombras en relación con una investigación de alto perfil –la del asesinato de un diplomático que formaba parte del entorno presidencial– ponen en evidencia la gravedad de la crisis. No existe la confianza ni la credibilidad ni el profesionalismo que deben caracterizar a un ente de esa naturaleza. Aterra solo pensar en manos de quiénes está la investigación judicial en Panamá.