Colombia es un país repleto de ambigüedades. Tiene una larga historia de democracia sin interrupciones, sus líderes han sido impecablemente civiles y han surgido mediante elecciones periódicas. Pero Colombia también tiene una tradición de violencia extrema. Durante los últimos 50 años se ha encontrado desgarrada por una viciosa guerra civil, originalmente iniciada por grupos marxistas, pero ahora fusionada con la industria de los narcóticos, la que financia a las guerrillas a cambio de un paraíso seguro para la producción de drogas. Históricamente, Panamá tiene nexos muy profundos con la hermana República, y sufrimos en carne viva las angustias y dolores del pueblo colombiano. Es indudable que el Gobierno panameño debe ayudar a la vecina nación que está a merced de la violencia. Si no lo hace, tarde o temprano, en las actuales circunstancias, el conflicto que ya intranquiliza nuestra frontera puede traer impreso un sello fatídico que afectará a todos por igual en el istmo centroamericano. A pesar de que los riesgos son altos, dejar sólo a los colombianos en esta guerra sería una injusticia de la comunidad internacional, en la que Panamá debe ser decisiva por su vocación histórica y diplomática para contribuir de una vez por todas a encontrar la paz que tanto anhela Colombia.