Uno de los episodios más bochornosos de la historia reciente es el escándalo por la pérdida de confianza en la nueva cédula digitalizada de identidad personal. Es difícil entender cómo el material base para confeccionar el principal documento de los panameños haya caído en manos de delincuentes y cómo es que el Tribunal Electoral no adoptó un eficaz sistema de previsión que estableciese controles rígidos que impidiesen este tipo de fraudes. El sentido común indica que en una operación de la importancia de la confección de las cédulas, el Estado no puede desentenderse de la seguridad del proceso, y dejarlo solo en manos de la empresa proveedora. El Tribunal Electoral no está exento de responsabilidad en la falta de controles de seguridad y debe explicar lo que implicará el reemplazo de 700 mil cédulas digitalizadas. En países en los que el servicio público merece el mayor respeto, frente a situaciones de esta naturaleza, los funcionarios de mando tienen la hidalguía de poner a disposición sus cargos. Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Electoral tienen que admitir su incapacidad y no deben hacerse de la vista gorda cuando el país se prepara para jugarse su principal carta democrática con la celebración de los comicios de 2004.