Allanan locales por caso de ‘pinchazos’
PTJ confirma que la
nota sobre supuestos ‘pinchazos’ fue enviada por la máquina de fax decomisada
en las diligencias JUAN LUIS BATISTA
Y RAFAEL PEREZ G.
planas@prensa.com
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| Enrique Montenegro
abandona la sede de la Procuraduría General de la Nación, luego de rendir una
declaración indagatoria. A la derecha, Un funcionario del Ministerio Público retira
de las oficinas de Body Color la máquina de fax, mediante la cual supuestamente
se envió la falsa orden de ‘pinchazos’ telefónicos.
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El Ministerio Público
allanó los establecimientos comerciales Body Color y Grupo Style, ubicados en
el corregimiento de Parque Lefevre de donde, según el Gobierno, se envió el memorando
supuestamente firmado por la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, en el que
solicitaba la intervención telefónica a 117 personas.
Rodolfo Aguilera, director de la Policía Técnica Judicial, en conferencia de prensa,
dijo que la prueba pericial sobre el telefax decomisado en el allanamiento revela
que de dicha máquina fueron enviados faxes con el supuesto memorando que ordenaba
la intervención en referencia. Allí se encontró,
según la PTJ, funcionando la línea 221-2178 y una cantidad no informada de estados
de cuenta de teléfonos en donde aparecen registros de llamadas. También se encontraron,
según Aguilera, otras cinco líneas de teléfono y los estados de cuenta correspondientes.
Horas antes Enrique
Montenegro Diviazo, secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción,
rindió declaración jurada ante la Procuraduría General de la Nación, luego de
que el Gobierno lo acusara de distribuir el memorando. Montenegro,
quien acudió en compañía de sus abogados Florencio Barba-Hart y Hernán García,
volvió a rechazar la acusación en su contra y denunció una flagrante violación
a sus derechos ciudadanos, tal como el de la presunción de inocencia.
Todo ello Montenegro lo atribuyó a una “patraña”
de la administración de Mireya Moscoso para contrarrestar sus denuncias de corrupción.
Al evaluar la diligencia practicada, el abogado
Barba-Hart dijo que las interrogantes se circunscribieron a generalidades sobre
el asunto denunciado, y estimó la necesidad de contratar los servicios de “especialistas
en arte dramático” para poder interpretar la conducta asumida el lunes por la
noche por los miembros del Consejo de Seguridad.
Barba-Hart, junto a García, evalúa interponer una querella criminal en contra
de los funcionarios por los delitos de calumnia e injuria y por falsa denuncia.
Y no solo eso, dijo, pedirá al Ministerio Público la toma de declaración jurada
a funcionarios, entre ellos la ministra de la Presidencia.
También solicitará que se practique igual diligencia al supuesto informante del
Consejo de Seguridad identificado como “El Pintor”.
El ex candidato presidencial Rubén Darío Carles, por su parte, dijo que en este
caso el término desestabilización no se ha precisado, y, a su juicio, resulta
inadmisible que, con la excusa de supuestos actos de desestabilización, se intente
coartar la libertad de expresión. Son asuntos
muy distintos, dijo, la denuncia, la crítica, el comentario y el bochinche.
A su juicio, lo que produce efectos negativos al
progreso del país son los que patrocinan la corrupción e impiden las inversiones
y el trabajo productivo. Guillermo Endara,
ex presidente de la República, dudó de la veracidad de la denuncia de conspiración
en contra del Gobierno, y atribuyó estas elucubraciones a las mentes retorcidas
allegadas al régimen militar y que mantienen nexos con la actual administración.
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