La nueva esclusa Post-Panamax

Panamá tiene otras magníficas opciones para aprovechar su posición geográfica en el siglo XXI, sin arriesgar laestabilidad económica y social de la República

Construir un tercer juego de esclusas Post-Panamax (PP) por endeudamiento, es un enorme e inaceptable riesgo para nuestra nación. Primero está el riesgo del mercado. Es dudoso que crucen suficientes naves Post-Panamax para amortizar la inversión. Segundo, están los excesivos costos de la construcción. Es probable que los costos del proyecto aumenten durante su construcción, lo cual es común con un proyecto de tan gran escala y complejidad.

El estudio tripartita de 1993 (Panamá, EU y Japón) concluyó que un tercer juego de esclusas (PP) costaría 6 mil millones 900 mil dólares en 1990. En dólares de 2002 el costo excede los 10 mil millones de dólares. La ACP nos dice que el costo de un tercer juego de esclusas (PP), casi idéntico en tamaño al Post-Panamax (PP) tripartita de 1993, es solo 4 mil millones de dólares en el 2002. Es difícil creer que la ACP en 2002 sea tres veces más ingeniosa que los talentosos panameños, japoneses y estadounidenses de 1993 en cuanto a la reducción del costo de construir una esclusa. Antes de embarcarnos en un proyecto de tal magnitud, la ACP debería meditar sobre un par de lecciones que nos ofrece la historia. Al final del siglo XIX, Ferdinand de Lesseps convenció al pueblo francés de que un canal en Panamá era económicamente factible. Ese proyecto, ejecutado por uno de los más respetados hombres de su tiempo, terminó en una escandalosa bancarrota para los inversionistas, y dejó a Panamá con un cementerio de maquinaria inútil y grandes trechos de lodo por donde se resbaló la reputación de De Lesseps y de los líderes que permitieron la “construcción”. A final del siglo XX, promotores ingleses y franceses dijeron que un túnel para unir las costas de Francia e Inglaterra costaría 4 mil millones de libras esterlinas. Para completar ese ambicioso proyecto, el costo actual fue de 12 mil millones de libras esterlinas. A pocos meses de inaugurado el túnel inglés-francés, un esfuerzo de inversionistas privados se declaró en bancarrota.

Desafortunadamente, a principios del siglo XXI los promotores, dentro de la ACP, de un tercer juego de esclusas Post-Panamax van por el mismo camino. La realidad es que es improbable que vengan suficientes naves Post-Panamax para cancelar una deuda de 10 mil millones de dólares en lo que resta de este siglo. Pero, a diferencia de los constructores del túnel inglés-francés, Panamá no puede declararse en bancarrota. En vez de eso, nuestros líderes se verán obligados a hipotecar el futuro de nuestra patria a la banca mundial para cubrir los costos de construcción. Este dramático aumento de nuestra deuda externa significaría que Panamá no podría invertir en escuelas, hospitales, y carreteras durante gran parte del siglo XXI. Un incremento tan asombroso en nuestra deuda externa, y las limitaciones que eso significa para el desarrollo de nuestro Panamá es un asalto a nuestra soberanía.

Por su alto costo, una esclusa Post-Panamax tiene pocas posibilidades de ser rentable. El licenciado Fernando Manfredo, una autoridad en el tema, dejó claro en un escrito reciente que una inversión de solo 7 mil millones de dólares (ni siquiera los 10 mil millones para una esclusa Post-Panamax) requiere un aumento de peajes de 80% y un plazo de por lo menos 60 años para amortizar la inversión. ¿Hay alguien que piense que los usuarios del Canal están ansiosos en poner su dinero en un proyecto con tan absurdas perspectivas económicas?

Los funcionarios de la ACP viajan por todo el mundo y regresan al país con la novedosa noticia que los navieros del mundo desean un tercer juego de esclusas tamaño Post-Panamax. Sin embargo, estos navieros no han ofrecido poner de su bolsillo los 10 mil millones de dólares que permitirían la construcción del tercer juego de esclusas (PP) sin riesgo para nuestra nación. Al no ofrecernos una opción que claramente descansa el riesgo financiero en los hombros de los usuarios, los navieros indican que el negocio de la costosa construcción de una esclusa Post-Panamax es de alto riesgo. La industria naval no necesita una esclusa Post-Panamax con suficiente urgencia como para tomar la responsabilidad de esa inversión. Ni la ACP ni la República deberían invertir 10 mil millones de dólares en un proyecto de tan alto riesgo.

Es alarmante leer en los medios de comunicación que la ACP anda en busca de las calificadoras internacionales de riesgo para obtener un grado de inversión que le permita contraer enormes deudas. Eso confirma que los navieros del mundo no han aceptado el riesgo que conlleva invertir en una esclusa Post-Panamax. La visita a las calificadoras internacionales de riesgo tiene un solo propósito: ponerle el peso del riesgo financiero al cuello del pueblo panameño a través de la ACP.

No se debe construir el tercer juego de esclusas (PP), ni el lago Trinidad, que sería eficiente por su bombeo, y mucho menos los lagos ineficientes de la cuenca occidental hasta que los navieros estén dispuestos a asumir todo el riesgo financiero. En su informe titulado “Aportes para un consenso nacional sobre el futuro del Canal”, que fue entregado a la excelentísima presidenta de la República en una ceremonia en el palacio presidencial el 6 de noviembre de 2001, distinguidos panameños llegan a la misma conclusión respecto al riesgo financiero: “El financiamiento...de la ampliación debe regirse por los siguientes criterios: (a) que no requiera el aval del Estado... (c) que no afecte los rendimientos de las operaciones del Canal existente al país...”. En conclusión, es inaceptable poner como aval las entradas del Canal existente o las arcas del Estado panameño para un proyecto con tan limitadas posibilidades de éxito.

Panamá solo debería estar a favor de una expansión del Canal que sea suficientemente rentable para que los usuarios del Canal estén dispuestos a invertir su dinero, no el del pueblo panameño, en su ejecución. Panamá tiene otras magníficas opciones para aprovechar su posición geográfica en el siglo XXI, sin arriesgar la estabilidad económica y social de la República.

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