Ley universitaria y futuro rector
El nuevo rector tiene que ser una personalidad que represente los intereses del Estado en la oferta pública de educación superior, y no los intereses de cúpulas gubernamentales
Roberto Arosemena Jaén
La Universidad de Panamá, la que existe desde 1969, no es la Universidad de Panamá que creó Harmodio Arias Madrid en la década del 30 y administró Octavio Méndez Pereira en reiteradas ocasiones.
La Universidad actual fue creada por el decreto mordaza del régimen militaroide, se democratizó ficticiamente con la Ley 11 de Ricardo de la Espriella y la Ley 6 del régimen de la invasión en su etapa de triunvirato.
La Universidad de 1969 es la universidad que consolidó Rómulo Escobar Bethancourt como rector magnífico y el amanuense académico Gustavo García de Paredes.
La Universidad es una institución de 108 millones de dólares anuales que paga a 4 mil 200 profesores para ofrecer el servicio público de educación superior.
El próximo año, dentro de nueve meses, se elegirá a un nuevo rector y ya florecen las ambiciones y las candidaturas. La misma Asamblea Legislativa que fue utilizada en 1990 para remover decanos y crear nuevo electorado para elegir al rector, ya ha sido utilizada en varias ocasiones como caja de resonancia para debatir anteproyectos de leyes que faciliten o impidan el acceso a puestos de elección, tanto de decanos como de rector.
Unos quieren una nueva ley para impedir que el actual rector se reelija, ya que en su momento fue utilizada por Gustavo García de Paredes para mantenerse en el cargo de rector; otros quieren una ley que impida a cualquiera que haya sido rector, reelegirse, y otros quieren modificar el peso electoral de los profesores regulares en la elección del rector y aumentar el peso electoral de los profesores especiales, asistentes, administrativos y estudiantes. Cualquiera de las fórmulas son simplemente artimañas para descalificar a un determinado candidato y favorecer ambiciones incontenibles de unos u otras.
No obstante, la dinámica administrativa de la Universidad de Panamá de 1969 sigue su propio curso. En días pasados, Gustavo García de Paredes –uno de los artífices más significativos del actual comportamiento estructural y funcional de la Universidad de Panamá– inició su campaña reeleccionista. La consecuencia de su apresuramiento no se hizo esperar: perdió su puesto administrativo y su oficina, y como un burócrata más al quedarse sin oficina, se queda sin poder administrativo y lo que le es más nefasto para su candidatura, se presenta como un perdedor de expectativas y de ilusiones. El viejo dicho arnulfista de “policía sin uniforme no pone boleta” golpea en estos momentos al burócrata universitario con expectativas electorales.
El liderazgo administrativo de la Universidad con estas medidas expresa una crisis. El rector Julio Vallarino fue sorprendido no sólo por la pretensión del candidato a rector, sino por la innumerable cantidad de personal inserto en su administración que, con el apoyo a Gustavo García de Paredes, lo descalificaba a él para su posible y esperada reelección. Las reglas de juego habían sido rotas por el Movimiento 2025, que anteriormente apoyaba el continuismo de los rectores por dos períodos consecutivos.
El fraccionamiento del liderazgo universitario se sigue haciendo sentir dentro de la Universidad y en la desprestigiada Asamblea Legislativa.
El problema de este fraccionamiento es el redoblado esfuerzo que se está haciendo para revivir la torpe idea de cambiar las fuerzas administrativas de la Universidad por medio de una ley. Las leyes no cambian nada si no hay hombres y mujeres decentes y comprometidos con la formación superior excelente de los estudiantes menos afortunados, que no pueden pagar una universidad privada y que viven con la expectativa de ser excelentes profesionales egresados de la Universidad de Panamá.
Como resultado de este ir y venir de la Asamblea Legislativa, hay grupos y autoridades que intentan convertir al valiente legislador Isabel Blandón, que se atrevió a mirar de frente a Manuel Antonio Noriega y actualmente mira de frente la fortuna de Ernesto Pérez Balladares, en una simple correa de transmisión de intereses politiqueros y electorales de sectores oscuros enquistados en la vida universitaria.
Señores legisladores, la Universidad de Panamá es una institución necesaria y conveniente para la Nación panameña y no es un botín político como lo ha sido desde 1969. Ustedes no pueden perpetuar el error de hacer leyes-parche como esa Ley 6 de después de la invasión, que al igual que el decreto mordaza que puso a Rómulo y la Ley 11 que puso a Ceferino Sánchez, han dejado a la Universidad de Panamá como un inmenso tigre que se devora su propia cola.
La Universidad de Panamá sí necesita una ley, pero no una ley para quítate tú porque vengo yo. Esa ley no sólo es deshonesta, sino inmoral y políticamente inconveniente.
La Universidad de Panamá requiere de una ley que la convierta en lo que efectivamente debe ser: la Universidad del Estado panameño con capacidad de fiscalizar todos los programas de enseñanza superior reconocidos por el Estado, y con decisión última para homologar títulos y profesiones que se negocian o se van a negociar en tratados de libre intercambio en esta dinámica inexorable de mundialización.
La Universidad requiere de una ley que garantice que todos los aspirantes a puestos de administradores públicos profesionales que necesita el Estado panameño, sean formados por la Universidad de Panamá, lo mismo que todos los funcionarios de carrera que contempla la Constitución. No es legítimo que la misma Corte forme al personal que luego va a nombrar según el procedimiento de la carrera judicial. La Universidad del Estado panameño debe ser la universidad capacitadora y formadora de todos aspirantes a puestos públicos sujetos a la carrera administrativa.
El nuevo rector debe ser producto de las mismas fuerzas universitarias comprometidas con una Universidad que dé oportunidad de formación y capacitación a la inteligencia panameña sin recursos para financiar una carrera técnica y profesional. En este sentido hay que reintegrar a la Universidad del Estado panameño a la Universidad Tecnológica.
El nuevo rector tiene que ser una personalidad que represente los intereses del Estado en la oferta pública de educación superior, y no los intereses de cúpulas gubernamentales que no ha dejado de representar desde ese cruento 11 de octubre de 1968.
El autor es abogado y catedrático
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