La Asamblea Legislativa salvadoreña ratificó el tratado de libre comercio (TLC) con Panamá, que fue suscrito en marzo pasado por los presidentes Francisco Flores y Mireya Moscoso. El TLC crea una zona de libre comercio bilateral, que será una pieza dentro de un proyecto de alcance centroamericano y estará dentro del marco de la proyectada ALCA -Area de Libre Comercio de las Américas. Para que entre en vigencia, es preciso que el tratado también sea ratificado por la Asamblea Legislativa panameña. Es paradójico que el pacto con El Salvador sea el primer TLC que ha negociado Panamá, un país cosmopolita, volcado a los servicios, incluso aquellos de carácter internacional como el tráfico de barcos y el comercio, especialmente a través de la Zona Libre de Colón. En lista están las negociaciones con Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Taiwán. El propósito de estos pactos es potenciar las posibilidades de intercambio económico y comercial y crear un ambiente más propicio con la disminución -y hasta eliminación- de los engorrosos trámites aduaneros y la reducción gradual de las trabas arancelarias. Es natural el recelo de los productores nacionales, que temen la competencia en el mercado local de productos foráneos. Los agentes económicos deben aprovechar la oportunidad de esta zona de libre comercial bilateral, que puede inscribirse dentro del proceso del ALCA, del que Panamá aspira a ser sede permanente.