Se agrava crisis del Instituto
Ayer, estudiantes del FER-29, UJR y MIR-8 mantuvieron bloqueado el acceso a las oficinas de la Rectoría y Vicerrectoría
José Quintero De León
jquintero@prensa.com
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Estudiantes del Instituto Nacional permanecen en las afueras del edificio principal, como parte de las protestas de alumnos, educadores y padres de familia de ese plantel en contra Del rector Jaime A. Ruiz.
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La situación en el Instituto Nacional se tornó ayer más oscura que nunca, luego de conocerse que el rector, Jaime A. Ruiz, solicitó la autorización para acogerse a dos meses de vacaciones, afectado por las protestas de estudiantes, profesores y padres de familia que sostienen que no ha sabido conducir el colegio ni manejar sus bienes y que, por tanto, debe renunciar a su dirección.
El vocero de los docentes, Angel Jiménez, pidió a la presidenta Mireya Moscoso intervenir para poner fin a esta situación anómala que atenta contra el desempeño normal de las clases.
La
tensión se elevó con la irrupción durante la medianoche del lunes
de seis agentes de la policía que intentaron desalojar a los estudiantes,
que mantenían, con algunos de sus padres, una vigilia de protesta
por las expulsiones de alumnos. Los policías, sin embargo, no lograron
su cometido, a pesar de que sacaron sus armas de reglamento y amenazaron
a los escolares.
Ayer, estudiantes del FER-29, UJR y MIR-8 mantuvieron bloqueado el acceso a la Rectoría, Vicerrectoría y otras oficinas. Las condiciones reinantes hicieron imposible dar clases, por lo que los profesores decidieron declarar un paro de labores.
A eso de las 9:30 a.m., el secretario general de la Defensoría del Pueblo, James Bernard, se apersonó al plantel y se reunió con estudiantes, padres de familia y profesores, con la intención de mediar en el conflicto. También participó la vicerrectora encargada, Noris de Porras.
Los estudiantes denunciaron lo que consideran medidas de represalia de parte de la Rectoría por sus manifestaciones de protesta contra la privatización del Seguro Social.
Tras la reunión con la Defensoría, se llegó a un acuerdo para lograr la reconciliación de la familia institutora: suspender las medidas de presión de parte del estudiantado; suspender la expulsión y traslado de los estudiantes; vigilar el manejo transparente de los fondos establecidos en la Ley 13, y la suspensión de los procesos contra los docentes.
La ministra de Educación, Doris Rosas, aseguró ayer que las expulsiones y traslados de los estudiantes son irreversibles y que la situación de inestabilidad en el plantel no se tolerará más.
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