Parque de Coiba busca vida legal
Moscoso vetó el primer intento de ley, porque restringía el desarrollo de la inversión turística
Sady Tapia G.
stapia@prensa.com
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Vista aérea de la estación biológica de Coiba, sede de trabajo de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esta es una de las islas más grandes y mejor conservadas de Mesoamérica, en la que abunda la biodiversidad de especies vegetales y animales.
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En un segundo intento por lograr la sanción del proyecto de ley que crea el Parque Nacional Coiba, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa prohijó ayer dicho anteproyecto.
Durante el período legislativo pasado, el legislador del Partido Revolucionario Democr´´atico (PRD) Freidi Torres presentó el proyecto ante la Asamblea. Sin embargo, luego de su aprobación en ese Organo del Estado fue vetado por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, por “inconveniente”, ya que restringía el desarrollo de la inversión turística.
De nuevo Torres presenta ante el legislativo el anteproyecto, pero ahora con las modificaciones necesarias para tratar de subsanar lo que ocasionó el veto.
Héctor Aparicio, presidente de la comisión, manifestó que el proyecto en sí permite el desarrollo integral de todo lo que es el Parque Nacional Coiba y de las áreas aledañas, contribuyendo así con el desarrollo socioeconómico de esas comunidades.
Agregó que harán una amplia consulta con todas las instituciones involucradas en el tema, para que cuando se proceda a darle primer debate al anteproyecto se cuente con el consenso de todas las partes y de esta manera se evite el veto presidencial.
Según el anteproyecto, el Parque Nacional Coiba tendrá una extensión de 270 mil 125 hectáreas que comprenden las áreas insulares de Coiba, Rancherita (Coibita), Jicarón y Jicarita, Afuerita, Canal de Afuera, Uvas, Contreras, Pájaros y Brincanco, así como sus aguas marinas y la plataforma continental.
Entre los objetivos del parque están conservar y proteger ecosistemas insulares, marinos y costeros existentes en el área.
En este sentido, queda prohibido en el área la ocupación humana, la propiedad privada, la expansión de nuevas fronteras agropecuarias, la tala ilegal de árboles y las quemas, la cacería ilegal terrestre y marina, entre otras.
El anteproyecto será devuelto al pleno y posteriormente se remitirá a la Comisión de Ambiente para iniciar la discusión del mismo en primer debate.
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