Desprecio al derecho de terceros

Mientras Gobierno y transportistas miden fuerzas, el usuario sigue sufriendo las consecuencias de tener que utilizar un transporte deficiente

El atropello cometido contra una gran cantidad de personas residentes, del Puente de las Américas hacia el interior del país, escenificado por un grupo de transportistas el miércoles 25 de septiembre en la vía Interamericana, la única arteria vehicular que comunica la ciudad de Panamá con el resto del país y con Centroamérica, como medida de fuerza para que las autoridades atiendan sus demandas económicas, es un hecho inaudito, lamentable y bochornoso. Como en los peores tiempos de la dictadura militar que, quisiéramos fuera una época ya pasada, la ley de la fuerza imperó.

Por años y generaciones, la dirigencia transportista que gozó del beneplácito de los cuarteles militares, enquistándose como un poder de fuerza, ha venido actuando por encima de la ley y en abierta violación de los derechos de los ciudadanos. Como si fuera poco, los gobiernos no han tenido la capacidad y la autoridad para frenar las acciones nefastas de las dirigencias que se han sucedido y que, como los parásitos, viven de los desafortunados trabajadores del sector transporte, sometidos por sus propios colegas a las presiones económicas más injustas e indignas.

Cerrar la vía Interamericana y paralizar la actividad de todo el país, contraviniendo la Constitución de la República que consagra el “derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio nacional…” porque el Gobierno no resuelve un problema de viaja data de los transportistas “piratas”, es tomarse la justicia por sus propias manos. Tal parece que la sociedad panameña estuviera retrocediendo, cultural, social y políticamente, al extremo de haber perdido el sentido de responsabilidad, límite de la libertad, y la capacidad de diálogo, de entendimiento, de razonar en función del bien común. La cultura de la violencia, de la agresividad y la prepotencia parecen dominar a algunos líderes de la sociedad civil, incluidos muchos de nuestros publicitados políticos, que incluso llegan a escenificar deleznables batallas a través de los medios de comunicación social.

Aquella madrugada, los señores transportistas procedieron a cerrar la carretera Interamericana para impedir el paso de todo tipo de vehículo, aduciendo que sus economías personales se están viendo afectadas porque algunas personas prefieren tomar otro transporte para trasladarse hacia sus centros de trabajo y de educación en la ciudad de Panamá. Tal parece que vivimos en una caricatura de país libre, en donde se impide a las personas utilizar el medio de transporte que prefieran para movilizarse, situación a la que ha contribuido en muchas ocasiones la propia Policía de Tránsito –con sus funestos operativos sorpresa para inspeccionar tanto vehículos particulares como de transporte selectivo–, con el fin de calmar la furia de los dirigentes transportistas, que de cuando en cuando, olvidándose que tienen una concesión para brindar un “servicio público”, hacen uso de sus acciones de fuerza en perjuicio de los usuarios.

Ejemplos de la forma de operar eficientemente el servicio de transporte público nos lo dan numerosos países no solo de Europa, sino también de América Latina; pero aquí, gobierno tras gobierno parecen querer mantener convenientemente –como las leyes mordaza– esta situación en una especie de indefinición, tal vez con el ánimo de, en el caso de la prensa, recurrir a esas leyes cuando la situación lo amerite y, en el caso del transporte, como un grupo que puede inclinar la balanza en el sector político.

Mientras Gobierno y transportistas miden fuerzas, el usuario sigue sufriendo las consecuencias de tener que utilizar un transporte deficiente; auténticas trampas de muerte en pésimas condiciones mecánicas que constituyen un riesgo para pasajeros, transeúntes y todo vehículo que comparte las calles. Y qué decir de algunos conductores desarrapados que no conocen las más mínimas normas de respeto, valores morales, y que expresan su desprecio hacia los usuarios al poner música con contenido vulgar y a altos decibeles; que utilizan los interiores de los autobuses como murales para dar rienda suelta a sus más bajos instintos, con la excusa de que es arte.

Ahora se anuncia lo que ya sabíamos: las autoridades iniciarán un operativo para detectar los “taxis piratas” que transporten personas hacia Panamá y a la inversa y, de encontrarlos, procederán a cancelarles el certificado de operación. Quienes hacemos uso de la vía Interamericana todos los días, tendremos que someternos nuevamente al trauma de los tranques, ya no solo por el incremento de automovilistas en la carretera, sino por la rápida acción de la Policía de Tránsito, que para complacer a otro sector de los transportistas detendrá los taxis en plena carretera, exigirá a quienes vayan en el mismo probar que son amigos, familiares, etc. Y como siempre se actúa ante las crisis, entonces a crear crisis para que alguna autoridad tome acción.

Y mientras la globalización va alcanzando a todos los demás sectores de la economía, tal parece que el sector transporte, vital para la productividad del país, quiere mantener el statu quo, pero en especial, sus dirigentes, que lejos de estar conscientes de que representan la prestación de un servicio público concesionado por el Estado, quieren manejarlo como un negocio privado. Aun así, un empresario inteligente que sabe que el mercado es competitivo, busca tener a su cliente como un aliado, no como un adversario, porque a fin de cuentas como dice Mafalda: “el que un día hace de viajero otro día hace de enfermo, o de padrino de bodas, pero trabajan siempre los mismos”. Pero toda sociedad tiene también su “Susanita” y su “Miguelito”, para que lo absurdo tenga sentido.

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