Presupuesto 2003, primer efecto estructural de la Ley 20

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno decide profundizar e insistir en la atención de los sectores sociales, a los cuales destina 2 mil 437 millones de dólares

El Organo Ejecutivo ha presentado a consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley por el cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia 2003. Este proyecto tiene especiales características, tanto en su conformación como en los montos que se destinan a gastos de funcionamiento y de inversión. En efecto, el presupuesto del año 2003 será el primer presupuesto de caja en los últimos 30 años, es decir, basado en los ingresos reales del período anterior e incrementado solamente por el crecimiento económico proyectado y el nivel de déficit que condiciona el financiamiento mediante deuda, que no puede ser superior al 2%, lo que definitivamente limita el endeudamiento público, dando como resultado que cuando el crecimiento económico (PIB) es mayor que el 2%, disminuye la proporción deuda pública total/PIB, cuyo nivel actual es alrededor de 80%. Las proyecciones son que en un plazo no superior a 15 años la relación señalada disminuya a un 50%, y en materia de deuda externa a un 35%, lo que representa una meta ideal de estas relaciones.

Cuando fue presentado el proyecto de ley de reactivación económica y responsabilidad fiscal a consideración de la Asamblea Legislativa, afirmé “el manejo de las finanzas públicas tendrá dos tiempos: antes y después de esta decisión”, y esto es así, porque este presupuesto es producto de las regulaciones de dicha ley y representa, en términos de tiempo, un cambio estructural de las finanzas públicas.

El presupuesto total del Estado para el año 2003 asciende a 5 mil 290 millones de dólares, lo que representa una disminución del 17% con relación al presupuesto de la vigencia fiscal del año 2002, y esto, que podría aparecer como algo negativo, es uno de los logros más importantes en materia de responsabilidad fiscal, planificación y focalización de recursos, que mediante un instrumento legal haya instituido un país para dar sostenibilidad a sus finanzas públicas, como forma de poder proyectar su desarrollo económico en un marco estable y predecible, que fomente la inversión directa basada en dichas normas. El 17% en que se reduce nominalmente el presupuesto, es aquella proporción de los presupuestos anteriores que representaban aspiraciones sin financiamiento cierto, y que incentivaban el endeudamiento público al tratar de llevarlas adelante. La ausencia de controles para la contratación de deuda en los últimos decenios fue el camino que nos llevó a los niveles de endeudamiento público que hoy día agobian las finanzas del Estado.

Para el 2003 se destinan aproximadamente mil 196 millones de dólares a inversión en desarrollo humano e infraestructura, lo que representa un 23% de dicho presupuesto. También destina al servicio de la deuda pública mil 181 millones de dólares, que representa el 22.3%, de los cuales 652 millones de dólares se destinan a pagar intereses y 528 millones a amortizar dicha deuda. La distribución por sectores, incluyendo transferencias institucionales, destina un 51.8% al Gobierno Central, un 25.1% a las instituciones descentralizadas, un 6.8% a las empresas públicas y un 16.3% a los intermediarios financieros.

Este presupuesto de caja, incluyendo transferencias institucionales, se financia con 4 mil 98 millones de dólares en ingresos corrientes y mil 736 millones en ingresos de capital. Sumado el total de los grupos institucionales: Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros, se tiene un ahorro corriente de 68 millones de dólares, que representa la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo aporta para la vigencia 2003, y de acuerdo a lo que dispone la Ley 20 del año 2002, 90 millones de dólares para el financiamiento de inversiones en infraestructura en una primera etapa: 30 millones para el sistema de acueductos y alcantarillados nacionales, 20 millones para la habilitación de sistemas de riego, 40 millones para la rehabilitación y ampliación del tramo Divisa–Paso Canoa de la carretera Interamericana.

Además, se debe analizar la distribución de los recursos disponibles que entrega el presupuesto, los cuales están dirigidos porcentualmente a: sectores sociales, 46.1%; sectores de infraestructura, 5.4%; sectores de fomento de la producción, 16.3%; servicios generales, 9.9%; y para el servicio de la deuda pública, 22.3%

Todo lo anterior significa que por cuarto año consecutivo, el Gobierno decide profundizar e insistir en la atención de los sectores sociales, a los cuales destina 2 mil 437 millones de dólares, que se distribuyen en 821 millones para el sector salud, lo que representa 33.7%; 621.7 millones para el sector educación, que representa un 25.5%; 676.3 millones para trabajo y seguridad social, que representa 27.7%; 233.3 millones para vivienda, que representa 9.6%; y 84.9 millones para el sector multi-social, que representa 3.5%.

Al analizar el presupuesto para el año 2003, debemos reconocer el papel del Diálogo Nacional para la Reactivación Económica, por darle forma legal a disposiciones tendientes a regular su elaboración y también la voluntad política de la Asamblea para aprobarlas por unanimidad. Estas regulaciones de responsabilidad fiscal que se ponen en práctica, se complementan con otros elementos indispensables para mejorar el entorno económico interno, como es la autorización que emana de dicha ley para invertir hasta mil millones en bonos globales del Estado panameño, lo que optimiza el rendimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, aumentando así el ahorro interno y las posibilidades de financiamiento sano del presupuesto del Estado. De igual importancia son los 200 millones de dólares destinados para inversión directa, que antes de tres años se canalizarán en obras públicas que impulsarán el desarrollo económico y social del país.

Estoy convencido de que estas medidas, en su conjunto, contribuyen a que los panameños demos los pasos en la dirección correcta para lograr las metas de desarrollo a que todos aspiramos. Esto nos hace plantear, una vez más, que para el país es vital y urgente consolidar los cambios estructurales que impulsa el Gobierno Nacional, como es la definición de la reforma fiscal y la de la seguridad social que tenemos pendientes, cuyas soluciones nos permitirán tener una base macroeconómica sólida, como soporte para el desarrollo económico y social de Panamá.

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