Motivos por completo ajenos al buen gobierno, a la recta interpretación del derecho y a la debida administración de justicia, han pervertido las instituciones, torcido el derecho y producido una generalizada percepción de inseguridad jurídica. El próximo objetivo son los medios de comunicación social y quienes en ellos laboran. El Ministerio Público interpreta selectivamente la ley, invierte la presunción de inocencia y considera culpable a cualquier denunciado o querellado sin siquiera notificarlo de lo que hay en su contra, en actitud abiertamente violatoria del debido proceso legal, de la Constitución y de varios tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá. Al gobierno actual, igual que a muchos otros de ingrata memoria, le irrita la televisión, la radio y la prensa independientes, y hará cuanto pueda para sojuzgarlos. En materia de libertad de prensa y expresión se ha prometido mucho pero se ha cumplido muy poco, y en cuanto al derecho al libre acceso a la información pública, es una vergüenza que la ley de transparencia, aprobada por la Asamblea y sancionada por el Ejecutivo, haya quedado en la nada por un reglamento que no podía dictarse y mucho menos contrariando la ley. Pero el asunto pretende ir más allá, a través de una “Comisión para la revisión y propuesta de la legislación en materia de medios de comunicación social”, que olvida muchos aspectos legales perjudiciales a todos los medios y que mantienen a Panamá como uno de los países en donde mayores restricciones hay en esta materia.