Déficit fiscal, ¿un acto de malabarismo?
El leve repunte del segundo
trimestre fue financiado por un aumento en el gasto público
Horacio Estribí
negocios@prensa.com
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El hecho de que en efecto el informe
admita que a la fecha existe un aumento en el déficit fiscal,
podría constituir la antesala para pasar una reforma tributaria.
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El denominado Informe de Coyuntura del Segundo
Trimestre del 2002 ha generado más preguntas que respuestas entre
la comunidad. ¿Cómo pudo el sector comercio crecer 5.5% ante el sostenido
declive de sectores vitales, como la ZLC, la industria, y la banca,
entre otros?
¿Qué pudo estimular un aumento en la demanda
interna cundo la propia Superintendencia de Bancos señala que “la
cartera de créditos interna presenta al mes de julio una disminución
de 5% respecto a similar período del año anterior”? ¿Cómo pudo financiarse
un aumento en el consumo, si mientras que las exportaciones cayeron
las importaciones aumentaron lo que provoca una disminución en el
circulante? ¿Qué tan sostenible puede resultar esta mejoría, considerando
que se abulta cada día más el déficit fiscal? ¿Por qué señala el
informe que esta mejoría se produce gracias a una política anticíclica
del Gobierno, cuando de manera paralela el ministro de Economía
y Finanzas, Norberto Delgado, anunciaba nuevas medidas para restringir
el gasto público? ¿A quien debemos creerle, al ministro o al informe
?
En efecto, del informe se colige que el leve
repunte del segundo trimestre fue financiado por un aumento en el
gasto público, lo cual a su vez ha provocado un alza en el déficit
fiscal de casi 2.7% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
De paso, de no haberse introducido cambios en la metodología que
aumentó el valor del PIB, el déficit fiscal hubiera sido aun mayor.
En resumidas cuentas, parece que la política
fiscal del Gobierno constituye otro galimatías que contribuye poco
a aclarar ante la opinión pública cuál es el verdadero rumbo en
materia fiscal. Por otro lado, el hecho de que en efecto el informe
admita que a la fecha existe un aumento en el déficit fiscal, podría
constituir la antesala que busca el Gobierno para insistir a sangre
y fuego, por encima del desiderátum popular, en pasar una reforma
tributaria.
La mesa del Diálogo, ¿un problema de
legitimidad?
En una declaración pública la semana pasada,
el ministro de Economía y Finanzas sostenía que los miembros que
componen la mesa del Diálogo representan a todos los panameños.
La afirmación más que casual es temeraria y constituye una olímpica
indiferencia hacia la opinión pública.
En la encuesta Pulso de la Nación, publicada
en el diario La Prensa del pasado 16 de este mes, un 67% de los
encuestados señalaba que no había ayudado en nada a la economía
el llamado “Diálogo por la Reactivación”. Lo anterior pone en entredicho
no solo la efectividad de este mecanismo para resolver los complejos
problemas económicos del país, sino incluso pone en tela de juicio
su legitimidad como instancia para dirimir y validar las políticas
nacionales.
Y es que en la práctica, luego de muchos
cafés y boquitas, lo único que parece haberse logrado hasta el momento
es el uso de 200 millones de dólares en obras, fondos que por ahora
parecen levitar en el limbo de la burocracia estatal. Lo otro es
la aprobación de un tope para el gasto publico que, a decir verdad,
pudiera resultar ilusorio ante los malabarismos financieros que
realiza el Gobierno para que el déficit fiscal registrado sea menor
al real.
El otro tema es el de una supuesta reforma
al sistema tributario. Como quiera que, hasta la fecha, el Gobierno
ha hecho gala de sus facultades discursivas invocando principios
fundamentales como la equidad, justicia y eficiencia tributaria,
al momento es poco o nada lo que la opinión pública conoce sobre
el fondo o el contenido de la propuesta.
¿Se eliminarán los masivos subsidios de los
que goza la industria, la agricultura y otros sectores que el año
pasado representaron un sacrifico de casi 170 millones de dólares?
¿Cuáles son las medidas específicas que se adoptarán para que quienes
pagan impuestos tengan mayor injerencia en la asignación del gasto?
¿Quién sufragará el aumento de casi 100 millones de dólares que
aspira el Gobierno para enjugar un injustificable aumento en el
gasto?
¿De mal en peor?
Otro dato de la señalada encuesta confirma
que la abrumadora mayoría de los panameños consideran que la economía
anda de mal en peor. De cada 10 panameños, ocho opina que en lo
que resta de la actual administración la economía se mantendrá tan
mal como ahora -—o incluso peor—. Si en algo hay consenso entonces
entre los panameños, es que la economía nacional no despegará ni
este año ni el próximo.
En esta sección económica hemos referido
en más de una oportunidad que, tan preocupante como la misma crisis,
es el hecho de que no se vislumbra una recuperación palpable que
permita al país salir de la asfixiante atmósfera económica en la
que se ha sumido.
Para bien o para mal, las expectativas constituyen
un elemento crucial para el desenvolvimiento económico de cualquier
nación. La recuperación de una maltrecha economía depende en alto
grado de la credibilidad que tenga la población de que su gobierno
goza de la habilidad, capacidad y voluntad de estimular esa recuperación.
La población incluye consumidores y empresarios
y son éstos quienes en la práctica están llamados a fomentar el
consumo y la inversión, o ha mantenerlo contraído como ocurre ahora.
En pocas palabras, la pobre expectativa de la población con respecto
de las políticas nacionales se transforma en lo que algunos denominan
una self fulfilling prophecy, es decir en una profecía autocumplida.
Ante este frágil cuadro cabe preguntarse
si bastarían 200 millones de dólares para reactivar una economía
de casi 11 mil millones de dólares que lleva más de tres años de
entumecimiento. Ante la falta de confianza e incertidumbre que prevalece
en el país, y asumiendo que estos dineros logren liberarse de las
horcas caudinas de la burocracia estatal, cabe la pregunta de sí
tendrán el efecto multiplicador en la economía que se espera que
tengan. Todo converge sobre la necesidad de que se impulse no solo
una estrategia integral de reactivación, sino que se resuelvan además
problemas de fondo como la corrupción y la creciente falta de credibilidad
en los estamentos políticos del país. En este respecto cada día
se hace menos.
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