Difícil y hasta imposible es entender las actitudes gubernamentales en muchas materias, pero particularmente en todo lo relativo al libre acceso a la información pública. La Ley 6 del 22 de enero del año actual fue aprobada por legisladores tanto oficialistas como de oposición, y luego sancionada por la presidenta de la República. La ley es buena, pero un torcido criterio jurídico la anuló por medio de un decreto reglamentario que evidentemente la contradice al crear restricciones y requisitos que la ley no establece. El remedio está en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien debe fallar el recurso contencioso administrativo sobre el decreto reglamentario, evidentemente nulo por ilegal. Pero es obvio que la justicia tardía no es justicia, por lo que mientras se posponga el fallo, no habrá el libre acceso a la información oficial y, por tanto, no habrá la transparencia en la gestión pública que pretendía la ley. Es una burla a los proponentes del proyecto, a las organizaciones de la sociedad civil que lo respaldaron, a los periodistas y a todos los ciudadanos. Por todo ello, exhortamos a la Corte Suprema de Justicia a restablecer el derecho conculcado y afirmar con claridad y prontitud que la ley debe ser cumplida, y ninguna norma de inferior jerarquía puede limitarla, contradecirla o desconocerla.