Nuevo golpe a ley de transparencia
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
El pleno de la Corte Suprema de Justicia le dio otro duro golpe a la ley de transparencia, al no admitir la Acción de Habeas Data presentada por el abogado Guillermo Cochez, en contra del contralor general de la República, Alvin Weeden.
La acción de Cochez, acogida por la Corte
el 11 de junio pasado, tenía como objetivo obtener el listado de
los legisladores
suplentes nombrados en la planilla gubernamental, solicitada
sin éxito al contralor desde el 17 de abril de 2002.
El fallo del 6 de septiembre, que contó con el voto disidente de tres magistrados –César Pereira Burgos, Graciela Dixon y Adán Arnulfo Arjona–, no admitió la acción, alegando que “en estos casos se requiere... acreditar un interés legítimo respecto a la información solicitada”.
El fallo adverso contó con el respaldo de Rogelio A. Fábrega –quien elaboró el proyecto–, Gabriel Fernández (suplente de José Manuel Faúndes), Arturo Hoyos, Winston Spadafora, José Troyano y Alberto Cigarruista.
El ponente fue César Pereira Burgos. Sin embargo, su proyecto fue rechazado por Fábrega, a quien le tocó hacer lo que se conoce como un “contraproyecto”, que obtuvo la aprobación de 6 de los 9 magistrados.
Fernando Berguido, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, mostró su disgusto por la actuación de la mayoría de los magistrados de la Corte. Calificó lo sucedido como “un golpe mortal para la ley de transparencia”.
Por su parte, Magaly Castillo, directora ejecutiva
de la Alianza Ciudadana Pro Justicia –red de organizaciones que
trabajan por mejorar la justicia en Panamá– mostró también su oposición
al fallo y declaró a La Prensa que por eso la Alianza había
rechazado el reglamento de la ley hecho por el Ejecutivo y que “ahora
sirve de base para que la Corte niegue el acceso a una información
que debe ser pública”.
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