Despedidos por Ley 25 demandan
decreto
José Quintero De León
jquintero@prensa.com
Trabajadores destituidos mediante la Ley
25 de 1990 plantearon ayer, ante la Corte Suprema, una demanda de
inconstitucionalidad en contra del Decreto de Gabinete N° 8 del
10 de abril del 2002.
Fue a través de este decreto que el Gobierno
asumió el pago de las responsabilidades incluidas en la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en febrero del
2001, favoreció a 270 de esos trabajadores, al condenar al Estado
a indemnizarlos y a pagar sus salarios caídos.
Domingo De Gracia y Fernando Del Río Gaona,
del grupo de los afectados, sostienen que el decreto incumple lo
establecido en el artículo 4 de la Constitución, al no acatar la
sentencia de la Corte Interamericana ni lo establecido por la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Si bien el Ejecutivo reconoce la deuda contraída
con los trabajadores, lo cierto es que sobrepasa el ordenamiento
jurídico del artículo 2 de la Carta Magna, referente a la separación
de los poderes del Estado. Es decir, la sentencia debió ser remitida
al Organo Judicial para que se ejecutara su cumplimiento y no al
Ministerio de Economía y Finanzas.
En el caso del artículo 67 de la Constitución,
la violación consistió en que se estableció en B/.10.9 millones
el monto de la indemnización y la firma de un finiquito en que se
obliga a los trabajadores a renunciar a toda reclamación.
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