La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el recurso de habeas data interpuesto contra el contralor general de la República, quien se negó a suministrar información sobre el listado de los legisladores suplentes, los puestos que ocupan en el Gobierno y el monto de los salarios que devengan, ningún honor le hace a la Corte. El fallo desfigura el espíritu y la letra de la norma legal que estableció la transparencia en la gestión pública y llega al extremo de darle al decreto ejecutivo que la reglamenta, un valor jerárquico que en ningún caso puede ser superior a una ley de la República. Pero no todo es malo. Tres magistrados, en salvamentos de voto separados, abundan en razones para disentir de la decisión de la mayoría. Con recto criterio, los magistrados César Pereira, Adán Arnulfo Arjona y Graciela Dixon, exponen su desacuerdo. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa no parece advertir que la ley que aprobó fue cercenada por un decreto ejecutivo, interpretaciones antojadizas de muchos funcionarios y desafortunadas decisiones de la Corte. Cuando la Sociedad Interamericana de Prensa supo de la aprobación de la ley, manifestó que la saludaba “con cauteloso optimismo”. Evidentemente tenía sobrados motivos para la cautela.