Evaluación y ajuste

Tras un año de existencia del cargo de defensor del lector, conviene hacer un balance y un ajuste: mucho se ha aprendido en este tiempo, pero falta más: “arrieros somos...”.

HERASTO REYES
hreyes@prensa.com

Hace un año, La Prensa creó un espacio administrado por el defensor del lector, como medio para que aquellos que tuvieran quejas, sugerencias, reclamos, críticas o comentarios tuvieran una vía expedita para que sus puntos de vista fueran conocidos. Así se ha tratado de hacer y se ha hecho.

La práctica, más que los conocimientos académicos, ha dado las pautas: a veces faltas de razón, a veces en claro acierto; pero en todo caso se ha demostrado que el lector tiene el derecho de criticar al periódico con plena libertad.

Hubo siempre el interés de separar claramente las opiniones políticas o de otra índole del defensor del lector, de su labor en defensa de los lectores; máxime cuando esta defensa implicara críticas al diario y sus periodistas. Hoy se busca enfatizar en ese concepto.

Por ello la columna que aparece en la página, se circunscribirá a aclarar y a proponer soluciones frente a la queja. Es decir que será un comentario del defensor del lector frente a las quejas presentadas.

Como actividad periodística, distinta a la que se cumpla en esta página, el defensor del lector podrá escribir artículos de opinión o de denuncias (una vez por semana) que se publicarán en las correspondientes páginas de opinión.

De esta forma se busca mejorar lo que la práctica ha permitido ver como necesidad: separar las opiniones personales del defensor, de los derechos de los lectores.

El Comité Clara González aclara
2 de septiembre del 2002

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de emitir algunos conceptos en torno a noticias aparecidas en La Prensa el día domingo 1 de septiembre del corriente, página 2-A, intitulada “La señal de la corrupción”, en la cual al citar a la Comisión Anticorrupción, se menciona como uno de los casos denunciados ante dicha Comisión: “Denuncias contra las autoridades de la Universidad de Panamá que incluyen: ...denuncias contra profesores de la Facultad de Derecho por solicitar dinero para la construcción de un busto en memoria de la abogada Clara González de Behringer”.

En primer lugar, consideramos que resulta temerario, por los perjuicios que involucra, que los medios de comunicación divulguen ante la opinión pública simples denuncias que no han sido objeto de investigación ni han conducido a pronunciamientos finales al respecto por parte de dicha comisión.

Segundo, que la propia Comisión Anticorrupción no ha notificado al Comité acerca de la existencia de dicha denuncia, lo que debió suceder previo a la salida, en cualquier medio de comunicación, de esta información, violando los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia y haciendo cómplice de ello a los medios de comunicación.

Tercero, que irresponsablemente esta noticia ha sido publicada sin haber considerado opinión consensuada de los miembros del supuestamente denunciado Comité.

En cuarto lugar que más allá de contar con el apoyo de los medios de comunicación, sobre todo diarios de circulación nacional, ha sido su propia persona [esta carta está dirigida a Ricardo Alberto Arias, presidente de La Prensa] quien ha contribuido desinteresadamente con el Comité Clara González a sabiendas de que todas las colaboraciones serán hechas públicas en su debido momento, por lo que nos parecen contradictoras las acciones provenientes de unos y otros miembros de este periódico.

Deseamos aclarar que es el Comité Clara González quien está llevando a cabo la actividad del monumento en honor a Clara González, la primera mujer universitaria y abogada de nuestro país en el marco de la celebración del Centenario de la República y que los dineros recibidos han sido depositados en una cuenta de la sucursal de la Caja de Ahorros de la Universidad de Panamá, la cual es manejada por los tesoreros del Comité y no por profesores de la Facultad de Derecho de esta Universidad.

Solicitamos respetuosamente que no se pretenda obstaculizar nuestro trabajo, al tiempo que nos ponemos a su disposición para las aclaratorias pertinentes sobre el dinero de las cuentas y su destino.

Mónica Benson (Coordinadora del Comité Clara González) y Carlos Méndez (Tesorero).

La familia Chú está desligada de su antiguo hotel en Taboga
2 de septiembre del 2002

En el artículo publicado el día domingo 25 de agosto, en la página 3A de La Prensa, titulado “Flores marchitas en Taboga”, escrito por Marti Ostrander Oller y que hemos leído detenidamente, cuando se alude al Hotel Chú solamente se refiere a la deplorable situación que se da en el mismo, pero en ningún momento menciona a las personas a cargo de la actual administración.

Para la familia Chú, personas de reconocido prestigio dentro de la comunidad tabogana y antiguos propietarios de dicho hotel, es de suma importancia que se aclare que no somos responsables de la lamentable situación que están viviendo los moradores de Taboga, ya que desde hace cinco meses el hotel fue vendido a Wen Fong Liao. Sin embargo, el nombre y la razón social se mantienen, pero bajo nuevos directores y dignatarios que no pertenecen a nuestras familias.

Consideramos conveniente hacer esta nota aclaratoria porque no queremos vernos involucrados, ni siquiera que se nos relacione, con las situaciones que se dan en la actualidad en el hotel.

Yamilé Chú Olmos.

Amplía información sobre la ley 40 de penas a menores
10 de septiembre del 2002

El domingo 8 de septiembre, Mónica Palm alude al proyecto de aumento de penas a los menores de edad. A manera de dar información sobre lo que ampara la Ley 40 de 1999 respecto a los menores infractores de la ley penal, esta tiene como objeto perseguir la comisión del homicidio doloso, robo, violación, secuestro y tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas... (Art. 101). O sea que son delitos específicos, pues hay otros que los menores no podrían cometer como son: peculado, concusión y exacción, corrupción de servidores públicos y otros.

Pienso que el legislador que está haciendo la propuesta y que solo ahora siente preocupación extrema por las víctimas que también tienen su ley (Ley 31 de 1998), quizás debería preocuparse más de ver que se le suministraran los presupuestos a ésta para que diera respuesta efectiva, justa y equitativa a las víctimas, así como los presupuestos para la misma Ley 40 que aún no ha logrado instalar los tribunales, fiscalías, etc. que necesita por falta de los dineros que hacen esto posible.

También debería este legislador preocuparse de forma extrema en exigir que se castigue y que se aumenten las penas a los delitos que están dirigidos a todo funcionario que violente las normas o sea que robe, que no aplique la ley como debe, haga malos negocios donde se perjudica a la hacienda pública, donde los contratos y las componendas son indicios claros de corrupción y que por ende hieren al Estado y mata, por decirlo en analogía, a cada panameño o panameña. Debe preocuparse también en extremo, que al funcionario llámese presidente, ministro, legislador, director o secretaria que incurra en estos delitos, se le aplique la ley y en consecuencia las penas.

Para que el menor (ya sea mi hijo o su hijo o el hijo de Petra) no llegue a ser delincuente o menor infractor de la ley penal, debemos dar inicio en casa —léase familia— con ejemplos honestos, claros, trasparentes, cristianos, de valores responsables, donde puedan los jóvenes verse y saber que tienen un buen reflejo. Que los que imparten educación también impriman en la juventud el deseo de querer a la patria y de aprender, para superarse y surgir como buen ciudadano o ciudadana.

Las leyes no se hacen para que corrijan los comportamientos que son propios de la sociedad: familia, escuela, iglesia, cultura. Se hacen para corregir las situaciones una vez ocurridas, pero de nada sirven si cuando ocurren, hay impunidad. ¿O es que los delincuentes de cuello blanco deben tener más beneficios penales que los menores infractores? Si nuestra justicia fuera cierta y diera muestras de que todo panameño y panameña es importante para la ley, y acabara con la impunidad, estoy segura de que muchos de los males que aquejan a la sociedad se hubiesen acabado y por tanto no tendríamos que pensar en aumentar las penas de los menores infractores de la ley penal.

Es más, no habría que pensar en aumentar ninguna pena, las que hay son suficientes. Lo importante es que la ciudadanía no tenga la sensación de que la ley es para los más débiles, y que los que tienen influencias o dineros hacen con ella lo que quieren.

Flora Sánchez.

Un mensaje discriminatorio
7 de septiembre del 2002

Con todo y que han sido muchas las ocasiones en que he pasado frente a la valla y he examinado cada una de las imágenes que en ella aparecen, así como los textos que las acompañan, han sido el enojo y la insistencia de Pedro González, un funcionario de la Alcaldía de Panamá, los que me han lanzado a enviarle al Defensor del lector de La Prensa esta nota, para ver si de manera colectiva, es decir, entre todos los lectores, podemos descifrar el mensaje que nos envía la empresa responsable de la valla que circunda la edificación de un centro comercial ubicado al final de la Avenida Balboa, en el terreno que alojaba al antiguo colegio San Agustín.

En esa impresionante valla, exquisitamente realizada, aparece más de una docena de imágenes que reproducen artículos y servicios variados que estarán a la venta en las tiendas que allí se instalarán. A la par, se exhiben múltiples imágenes de mujeres, hombres y niños, que puestos en el contexto de los anuncios publicitarios, serán los futuros clientes del centro.

Como quiera que las imágenes de las personas que allí aparecen no muestran la diversidad, propia de un país como Panamá, Pedro González, afropanameño él, me ha increpado sobre este tema, en varias oportunidades, a lo largo de estos tres últimos meses. En las ocasiones más recientes, lo ha hecho a voz en cuello, ante otros funcionarios, quienes también han exteriorizado sus “preocupaciones”. Creo que razones no les faltan.

He ensayado, con el colega Pedro, varias respuestas, sin embargo, su disgusto y el grado de ofensa que la valla ha sembrado en él (y me imagino que en muchos otros ciudadanos), sobrepasan mis esfuerzos individuales. En ese sentido, ¿acaso será posible que entre todos, incluidos por supuesto los empresarios que construyen la plaza comercial, descifremos el mensaje o, en el mejor de los casos, los mensajes subliminales que han sido puestos ante nuestra vista, en una de las principales avenidas de nuestro “Crisol de razas”? Como responsable de la Oficina Pro Igualdad y Tolerancia de la Alcaldía de Panamá y, sobre todo, como afropanameño, tengo la imperiosa necesidad de “quitarme a Pedro González de encima” ,y, dependiendo de las conclusiones de los lectores, la valla también.

Alberto S. Barrow N. (Oficina Pro Igualdad y Tolerancia de la Alcaldía de Panamá).