Los múltiples recursos de Afú
A pesar de que el caso
Afú involucra la salvaguarda de derechos fundamentales, su manejo
jurídico ha tenido indudables matices políticos
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
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| Gerardo Solís |
Carlos Afú |
Winston Spadafora |
Revocatoria de mandato, Advertencia de Inconstitucionalidad,
Recurso de Hecho, Salvamento de Voto, son los nombres técnicos jurídicos
que se han dado en el proceso electoral que se le sigue al legislador
Carlos Afú.
El asunto comenzó en la Asamblea Legislativa
cuando el legislador Afú ignoró la línea política del Partido Revolucionario
Democrático (PRD) y decidió apoyar la ratificación de Winston Spadafora
como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Esta “rebeldía” del legislador santeño trajo
como consecuencia un proceso interno del PRD que concluyó con la
decisión de expulsarlo del partido, y también despojarlo de su curul
parlamentaria.
Entonces los abogados de Afú presentaron una
reconsideración ante el Tribunal Electoral (TE), pero antes de que
se decidiera el recurso, interpusieron también una Advertencia de
Inconstitucionalidad.
Esta acción tiene como objetivo advertirle
al juez que ventila el caso concreto que la norma que se aplica
pudiera ser inconstitucional. En este caso se aludía al estatuto
del PRD.
Embrollo jurídico
Por ahí empezó el embrollo jurídico que tiene
a la opinión pública confundida y a los abogados en una esgrima
de interpretaciones jurídicas que se contradicen.
Como los magistrados del TE no se pronunciaron
en torno a la Advertencia de Inconstitucionalidad, los abogados
de Afú recurrieron a un Recurso de Hecho para llevar el caso a la
Corte Suprema de Justicia.
El Recurso de Hecho consiste en solicitar
al superior jerárquico del juez encargado de un caso concreto, que
se pronuncie sobre un recurso presentado por la parte afectada.
A pesar de que se trataba de una estrategia
de la defensa de Afú que no tenía sustento jurídico –debido a que
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son superiores
de los magistrados del TE– el suplente de Winston Spadafora, Jacinto
Cárdenas, acogió el Recurso de Hecho, lo que motivó la suspensión
del proceso en el TE.
Elecciones en la Asamblea
Ante la cercanía de un nuevo período legislativo,
los dirigentes del PRD vieron alejada la posibilidad de quitarle
la curul a Afú con el objeto de evitar que el gobierno tomara control
de la Asamblea.
Sin embargo, los acontecimientos del pasado
1 de septiembre dejaron en evidencia que la presidenta, Mireya Moscoso,
contaba con algo más que el voto de Afú.
Ese día, además de los votos ya perdidos
desde la ratificación del magistrado Spadafora, apoyaron al gobierno
los legisladores del PRD, Abelardo Antonío, Arcelio Batista, Manuel
de la Hoz y Luis Cedeño.
Esta situación, junto a la ratificación de
Winston Spadafora y Alberto Cigarruista como magistrados de la Corte
Suprema, ha provocado denuncias de la dirigencia del PRD en el sentido
de que “la presidenta Moscoso controla todos los órganos del Estado”.
En su discurso de toma de posesión, el nuevo
presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, citó el
concepto de “armónica colaboración” surgido de la Constitución de
1972 –y que en su versión original incluía a la Fuerza Pública–
como la fórmula que impulsaría su presidencia para no obstaculizar
la labor del gobierno.
¿Y el CEMIS?
Ahora que la Corte Suprema rechazó el Recurso
de Hecho, el PRD vuelve a la carga y le pide al TE, por intermedio
del abogado Mario Velásquez Chizmar, que retome el proceso contra
Afú.
A pesar de que aún está por decidirse la
suerte de la Advertencia de Inconstitucionalidad que sigue su curso
en la Corte Suprema –específicamente en el despacho del magistrado
Spadafora– el TE puede en efecto continuar con los trámites de la
reconsideración y llevarlo hasta “colocarlo en estado de decidir”,
según lo establece el artículo 203 de la Constitución.
Este proceso ya cuenta con una vista fiscal
emitida por Gerardo Solís desde el pasado 7 de junio y que coincide
con la tesis de los abogados de Afú que sostienen que el estatuto
del PRD viola la Constitución.
Por esta razón, Solís llegó a la conclusión
de que el PRD puede expulsar a Afú del partido pero no puede revocarle
el mandato.
Toda esta historia “político-jurídica” ha
hecho olvidar el proceso penal surgido a partir de la denuncia pública
de sobornos en la aprobación del proyecto del CEMIS, hecha por el
legislador santeño en enero pasado.
Después de 9 meses de investigaciones en
el Ministerio Público, la ciudadanía no sabe si hubo o no sobornos,
y en caso de que se haya comprobado que lo hubo, si alguien pagará
por ello.
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