Midiendo la corrupción
A nuestra sociedad le
queda la tarea inaplazable de llevar a cabo cambios y disminuir
la tolerancia que reina frente a la corrupción
Fernando Berguido
El año pasado, Transparencia Internacional
decidió, por primera vez, calificar a Panamá en relación a sus niveles
de corrupción. Se trata de haber incluido al país en un índice anual
que se prepara en la sede mundial de esta organización y que busca
medir la percepción de corrupción que sobre determinado país tienen
inversionistas, académicos y analistas de riesgo.
Panamá debutó con una calificación de 3.7,
sobre una escala de 10 en el Indice de Percepción de Corrupción
(IPC) del 2001. Un puntaje de 10 es para países considerados limpios
de corrupción, y una de 0 para aquellos altamente corruptos. Se
considera que puntajes por debajo del 5 son indicativos de altos
y preocupantes niveles de corrupción. Lamentablemente, este año
la situación ha empeorado. Nuestra puntuación ha bajado a 3.0. En
términos comparativos, la posición de Panamá bajó del lugar 51 que
ocupaba en el año 2001, a la posición 67 en el 2002, de un total
de 102 países que contiene el índice mundial.
El año pasado, cuando se dio a conocer la
inclusión por primera vez de nuestro país dentro de este estudio
mundial, varios funcionarios del Gobierno reaccionaron molestos,
algunos por la calificación recibida, otros porque consideraban
injusto ser adheridos a una nueva “lista negra”. Aclarado el tema
de que ésta no es una lista negra, que la misma menciona a naciones
ejemplares en cuanto a la transparencia, además de la casi totalidad
de los países desarrollados, les recordé que como país teníamos
los próximos 12 meses para demostrar nuestro compromiso para combatir
la corrupción y tomar correctivos contra este mal.
Desafortunadamente, los últimos 12 meses
transcurrieron sin una sola iniciativa eficaz para combatir la corrupción.
Por el contrario, a los escándalos de corrupción que han plagado
la sociedad este año, tanto en el sector público como en el privado,
se ha unido la desilusión ciudadana por aquella estupenda oportunidad
que se tuvo, y que aún se tiene, de poner en práctica las recomendaciones
de la Comisión Presidencial Anticorrupción. La otra gran oportunidad,
la que brinda la Ley de Transparencia, se ha tropezado con una apatía
gubernamental y, lo que es peor, con las amenazas de un decreto
reglamentario que busca entorpecer, en el mejor de los casos, e
invalidar en el peor, disposiciones clave de la misma mediante un
decreto que parece malintencionado, por demás contrario a la ley
y, por ende, a la Constitución Nacional.
Si queremos mejorar nuestra calificación
para el próximo año, atinado sería que el Ejecutivo demostrara su
compromiso derogando de inmediato el decreto ejecutivo antes mencionado
y que iniciara la implementación de las recomendaciones que le hizo
la Comisión Presidencial Anticorrupción.
Creo importante aclarar que la calificación
dada a Panamá no es un capricho que se produce localmente, ni mucho
menos un ataque político. El IPC es una encuesta de encuestas, la
cual refleja las percepciones de empresarios, académicos y analistas.
Lanzado por primera vez en 1995, el IPC de este año se basa en 15
encuestas realizadas por nueve instituciones independientes. En
el caso particular de Panamá, la puntuación es producto de informes
preparados por cuatro instituciones internacionales, a saber: el
Banco Mundial, el World Economic Forum, la Unidad de Inteligencia
de la revista The Economist y la Universidad de Columbia en Estados
Unidos. Es de destacar que, a pesar de provenir de organizaciones
extranjeras, el grado otorgado a nuestro país coincide cómodamente
con las encuestas que periódicamente se realizan en Panamá y que
destacan que más del 70% de la población considera mala o muy mala
la gestión anticorrupción de la actual administración.
“Las élites políticas y sus camaradas continúan
aceptando sobornos a la menor oportunidad. Junto con empresarios
corruptos, están atrapando a naciones enteras en la pobreza y obstaculizando
el desarrollo sostenible. Se perciben niveles peligrosamente altos
de corrupción en lugares pobres del mundo, y también en muchos países
cuyas empresas invierten en naciones en vías de desarrollo”, manifestó
Peter Eigen, presidente de Transparency International, hablando
durante el lanzamiento en Berlín del Indice de Percepción de Corrupción
2002 (IPC).
“Los políticos usan cada vez más palabrería
en la lucha contra la corrupción, sin embargo, no consiguen actuar
según el claro mensaje del IPC de TI: la necesidad de tomar medidas
drásticas contra la corrupción para lograr romper el círculo vicioso
de la pobreza y el soborno. Las élites corruptas en los países en
vías de desarrollo, quienes trabajan de la mano con ávidos empresarios
e inversionistas inescrupulosos, están colocando el beneficio privado
antes del bienestar de los ciudadanos y del desarrollo económico
de sus países”. dijo Peter Eigen.
El nuevo índice, publicado por Transparency
International (TI), la organización no gubernamental líder en el
mundo en la lucha contra la corrupción, vuelve a poner en evidencia
que hay una relación directa entre la corrupción y la pobreza. A
nivel mundial se perciben niveles galopantes de corrupción en Indonesia,
Kenya, Angola, Madagascar, Nigeria y Bangladesh, países que obtuvieron
un puntaje menor de 2. Los países que obtuvieron puntajes por encima
de 9, con niveles percibidos de corrupción muy bajos, son en su
mayoría países ricos, como Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda,
Islandia, Singapur y Suecia.
El IPC 2002 complementa el Indice de Fuentes
de Soborno también preparado por Transparencia Internacional este
año, el cual trata sobre la propensión de las compañías de países
exportadores líderes de sobornar en las economías emergentes de
mercado. El IFS 2002, publicado el 14 de mayo de 2002, reveló altos
niveles de soborno por empresas de países como Rusia, China, Taiwan
y Corea del Sur, seguidos de cerca por Italia, Hong Kong, Malasia,
Japón, Estados Unidos y Francia.
Tunku Abdul Aziz, vicepresidente de TI dijo:
“La corrupción continúa negándole a los pobres, a los marginados
y a los miembros menos educados de cada sociedad los beneficios
sociales, económicos y políticos que deberían de recibir, beneficios
que se dan por sentados en las sociedades que han logrado liberarse
del yugo de la corrupción”.
A nuestra sociedad le queda la tarea inaplazable
de llevar a cabo cambios y disminuir la tolerancia que reina frente
a la corrupción, la que hace cada día más difícil la tarea de salir
del subdesarrollo. No podemos continuar resignados, presumiendo
que la corrupción es un modo habitual de comportamiento político
y social.
El autor es el presidente del capítulo panameño
de Transparencia Internacional
Además en opinión
• Terrorismo: ¿privatización
de la guerra?: I. Roberto Eisenmann
• El parto del sonido
RCM: Jaime A. Porcell Alemán
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• Un ministerio de
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