Lo seguro del seguro educativo
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
El seguro educativo ni es seguro ni es educativo.
Es un impuesto disfrazado de seguro. Tampoco es educativo, porque,
aparentemente, no ha sido utilizado como estaba previsto en la Ley
13 de 1987, que acaba de ser modificada.
Según cálculos de Adolfo Linares, viceministro
de Educación, en los últimos 15 años los ingresos derivados del
seguro educativo suman unos mil 500 millones de dólares. "No pareciera
que esos fondos estuvieran siendo utilizados de la manera más eficiente,
porque el estado de las escuelas, como nosotros las encontramos,
era bastante deplorable", reconoció Linares. "¿Con mil 500 millones
de dólares no se podría tener las escuelas a todo meter?"
Actualmente, unos 89 millones de dólares
se recogen anualmente del seguro educativo, provenientes de un impuesto
de 2.75% aplicado a los salarios básicos (el 1.50% lo aportan los
patronos y el 1.25%, los empleados).
Linares advirtió que el cobro disminuirá
a medida que aumente el desempleo en el país -que actualmente es
de 14.3%-, porque “el seguro educativo va relacionado directamente
con la empleomanía... A menor empleo, menos ingreso y viceversa".
Los fondos derivados del seguro educativo
serán administrados por el Ministerio de Educación (MEDUC), a través
del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). El MEDUC
deberá distribuir los dineros proporcionalmente, según corresponda
a cada programa.
Pero, ¿cómo se distribuirán esos 89
millones de dólares?
El proyecto aprobado el miércoles por la
Asamblea establece que el 27% del total de los ingresos derivados
del seguro educativo serán asignados al MEDUC para sufragar los
gastos de los centros preescolares y las escuelas oficiales primarias
y secundarias que operan en el país. Hasta ahora, el MEDUC destinaba
esos fondos a atender únicamente las necesidades de los planteles
secundarios, necesidades que antes eran cubiertas con los fondos
provenientes del cobro de los derechos de matrícula. Este cobro
fue eliminado por la Ley 13 de 1987 (que modificó el Decreto de
Gabinete 168 de 1971, que creó el seguro educativo). Con la aprobación
de la nueva ley, también quedará prohibido el cobro de matrícula
en los 2 mil 805 colegios primarios y mil 44 centros pre-escolares
oficiales del país.
¿Qué ocurre con el 73% restante?
El 55% de ese 73% será asignado al IFARHU,
para el cumplimiento de dos programas: becas y préstamos para estudios
profesionales.
A la Radio y Televisión Educativa (Canal
11) le corresponderá el 7.5% del 73%. El resto se destinará para
atender programas de educación sindical, cooperativa y agropecuaria
(administrados por el INAFORP, el Ministerio de Trabajo y el IPACOOP);
capacitación gremial docente, y capacitación continua al sector
privado, entre otros. (Ver
recuadro ).
El Organo Ejecutivo tiene todavía que reglamentar
la utilización de estos fondos.
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