Panamá, 18 de agosto de 2002
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Cosas de la política

Lina Vega Abad
lvega@prensa.com

Brenda De Icaza, que llegó por votación popular a la Alcaldía de La Chorrera como candidata independiente, ha resultado un “hueso duro de roer”.

Juzgada por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) por destituir a un funcionario con fuero, fue primero apartada de su cargo y ahora condenada a la inhabilitación para el ejercicio público por dos años.

Durante el juicio, De Icaza alegó que no sabía que el funcionario destituido –David Toppin– había sido candidato a suplente de legislador en las pasadas elecciones y que gozaba por ello de fuero electoral.

Sus juzgadores, por el contrario, dicen que ella “debía saber”, aportando como prueba las listas de postulaciones publicadas en el Boletín del TE, donde aparecía David Toppin.

Conozca en detalle
El caso de la Alcaldesa de La Chorrera

De Icaza negó que hubiera persecución política en la destitución de Toppin y alegó que la razón fue meramente laboral: un sinnúmero de ausencias no justificadas en el expediente del ex funcionario. Lo cierto es que en el recurso de reconsideración que presentó Toppin ante la alcaldesa, nada se dice sobre el fuero electoral.

A pesar de que consideraba que la destitución era justa, acató la decisión final del TE y reintegró al funcionario. Esto en la práctica significó tan solo el pago de los salarios caídos de Toppin, porque el fuero no duraba más que tres meses.

Con eso pensó que se cerraba el caso, pero se equivocó. El expediente fue enviado a la Fiscalía Electoral, lo que produjo un llamamiento a juicio que estuvo engavetado dos años en el TE.

Su sucesora empieza ahora a borrar sus huellas. La alcaldesa encargada ,Yolanda Villa de Arosemena, acaba de derogar la llamada “ley zanahoria”, que limitaba el horario nocturno de bares y cantinas, alegando que “afectaba la economía del distrito”.

De Icaza piensa que, tal vez, la génesis de sus problemas está en los conflictos que tuvo con los representantes de corregimiento por temas como los permisos para nuevos centros de expendio de bebidas alcohólicas que ellas suspendió. Además hubo roces por las partidas asignadas a las Juntas Comunales.

Las pugnas llegaron a ser tan graves, que De Icaza fue citada en más de una ocasión a la Presidencia, donde los asesores George Weeden y Alvaro Antadillas le “aconsejaban” ser más conciliadora con los representantes.

Y es que bregar con la política criolla tiene sus riesgos. Brenda De Icaza lo sabe, pero no se rinde.


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