Un diálogo con el procurador

Cuando fui defensora de oficio en EU, si un detenido no era transportado a su juicio, el juez se encargaba de que rodara la cabeza del funcionario responsable

PANAMÁ, R.P. -El lunes tuve una experiencia levemente surrealista (de las que solo me ocurren en Panamá) cuando abrí la puerta de un carro en que andaba y encontré cámaras de televisión filmando a los que descendían del vehículo.

Los camarógrafos no me estaban esperando a mí, por supuesto, sino al procurador José Antonio Sossa, a quien yo entrevistaba esa mañana. En medio de la entrevista, el procurador me pidió que lo acompañara a un acto breve en la Gobernación.

Me sentí complacida al descubrir que ese acto era la firma de un convenio en que la Unión Europea dará apoyo financiero a un proyecto para mejorar el sistema penitenciario de Panamá, obra que me parece urgentemente necesaria. Descubrí también que hay un comité ciudadano pro reforma penitenciaria que está presidido por Milton Henríquez, quien me parece un hombre eminentemente serio y capaz. En el acto, Henríquez expuso las mismas preocupaciones que yo he ventilado en este espacio un sinnúmero de veces: que el sistema penitenciario está sobrecargado, que más de la mitad de los presos no han sido condenados, y que estos sufren condiciones “infrahumanas” que violan sus derechos constitucionales y humanos.

“Tenemos que comprender como ciudadanos que la única sanción que tiene un condenado es la pérdida de su libertad. Todos los demás derechos humanos continúan intactos y deben ser respetados”, subrayó Henríquez. Agregó que “las cárceles tienen que ser un sitio de resocialización y no se puede resocializar viviendo con la ley de la jungla”.

Luego, al continuar la entrevista con el procurador Sossa, este negó que más de la mitad de los presos en Panamá no hayan sido condenados, insistiendo -como ha hecho antes- en que el problema radica en que el derecho panameño no considera que un preso ha sido “condenado” hasta que éste haya extinguido todas las apelaciones posibles. Yo sugerí -no por primera vez- que las autoridades panameñas deben llevar cifras desglosadas que muestren los presos en espera de juicio, los condenados en primera instancia, y los que tienen condena final. Sossa respondió que él ha pedido que el comité de Henríquez haga ese análisis, pero es deplorable que las autoridades panameñas no lo hayan venido haciendo desde hace mucho tiempo.

Considero que esa falta de seriedad -sumada a mecanismos obsoletos, procedimientos ineficientes y actitudes atrasadas- es la raíz de todos los problemas en la administración de justicia penal, mientras que Sossa sostiene que el problema básico es falta de presupuesto. Un ejemplo: Sossa expuso que hace más de un mes se está dando un problema grave con el transporte de los detenidos a sus juicios, lo que ha causado el aplazamiento de más de 270 audiencias penales. Ustedes comprenderán que cada vez que un detenido no es transportado cuando le corresponde su juicio, no solamente se prolonga injustificadamente la detención de una persona presumiblemente inocente, sino que también se malgasta el tiempo y el esfuerzo del tribunal que quedó paralizado y de los abogados, testigos y demás que comparecieron inútilmente. ¿Por qué, entonces, no se maneja con más seriedad el transporte de los detenidos a sus juicios? ¿Por qué no se toman medidas fuertes para corregir la situación? Cuando yo fui defensora de oficio en Estados Unidos, si un detenido no era transportado a su juicio, el juez se encargaba de que rodara la cabeza del funcionario responsable.

Otro ejemplo: Sossa sostuvo que los abogados defensores son la causa de muchos aplazamientos de las audiencias, porque (según él) estos no comparecen a las audiencias o prolongan el proceso por razones poco éticas. Sossa ha respaldado una ley que solo permitiría un aplazamiento y que después de eso asignaría un defensor de oficio al caso, medida que tiene el efecto práctico de dejar al acusado sin abogado defensor (porque no hay suficientes defensores de oficio). Mejor sería, como se hace en países avanzados, aplicarle un proceso disciplinario al abogado defensor que incumpla sus obligaciones o que ose no presentarse a un juicio. Solo se requiere que todos los involucrados, comenzando por el juez, sean más serios.

Seguiría con muchos otros ejemplos (la entrevista con Sossa duró casi tres horas) si el espacio lo permitiera. Aunque reconozco que el procurador hizo un gran esfuerzo por entablar un diálogo conmigo sobre la justicia penal en Panamá, uno de mis temas constantes, ese diálogo reveló una brecha enorme e irreconciliable entre sus percepciones y las mías. De eso escribiré mucho más en futuras columnas y los invito, estimados lectores, a que se unan al diálogo.

La autora es corresponsal de La Prensa

• Sentido de la propiedad: Guillermo Sánchez Borbón
• De vuelta a la birria: Jorge E. Ritter
• Un diálogo con el procurador: Betty Brannan Jaén
• Estructura administrativa de la educación: Paulino Romero C.