Panamá, 18 de agosto de 2002
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Chávez paga por sus errores

Los cuatro generales y almirantes se ampararon en la Constitución

CARACAS, Venezuela (AFP)

El presidente Hugo Chávez sostiene una copia de la Constitución Nacional durante un discurso sobre los progresos del Gobierno.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, quien impulsó el protagonismo militar en la vida civil y afianzó sus privilegios en la nueva Constitución, dio también la carta de salvación a sus compañeros de armas que el 12 de abril intentaron derrocarlo, estimaron analistas.

En vez de ser juzgados por una corte marcial por orden presidencial como otrora en Venezuela, los cuatro generales y almirantes imputados por la Fiscalía se ampararon en un privilegio que les otorga la Constitución de 1999, auspiciada por Chávez.

El privilegio establece que el Tribunal Supremo de Justicia debe declarar que “hay méritos”, sin embargo, declaró que “no hay méritos” dando el espaldarazo a los cuatro primeros oficiales imputados por la Fiscalía por rebelión militar durante el golpe de estado del 12 de abril.

El constitucionalista y ex magistrado del TSJ Carlos Escarrá explicó a la AFP que antes de la nueva carta magna y sobre la base del código de justicia militar, el presidente tenía la potestad para ordenar el enjuiciamiento de generales y almirantes.

“El privilegio de antejuicio de méritos es heredado del régimen colonial español y no tiene sentido en una sociedad democrática del siglo 21”, que establece la presunción de inocencia, y, en este caso concreto, “evidentemente se le revirtió” al presidente el hecho de despojarse del derecho a ordenar el juicio, señaló Escarrá.

Si los oficiales hubiesen sido procesados por la corte marcial, “seguramente se les hubiese condenado, porque se hubiese juzgado dentro del contexto de la cultura militar en la que es inadmisible la desobediencia”, declaró a la AFP el general (retirado) Alberto Müller, experto en geopolítica, ex colaborador y ahora opositor de Chávez.

El privilegio de “antejuicio de méritos” también fue duramente criticado por la organización de derechos humanos venezolana PROVEA.

“El mecanismo del antejuicio se constituyó en un privilegio que hoy está facilitando la impunidad del golpe de Estado perpetrado en abril de 2002”, dijo PROVEA al evocar que alertó al Gobierno cuando se debatió la carta magna.

PROVEA apuntó en un documento que ese privilegio solo se explica en un Gobierno que dio papel preponderante a la fuerzas armadas en la vida civil, criticando la asunción de cargos públicos por parte de militares.

Pero este no es el único error por el cuál Chávez paga tributo.

Precisamente, el TSJ decidió basado en una sentencia del magistrado Franklin Arrieche, cercano a Luis Miquilena, ex mentor de Chávez y en la actual coyuntura uno de sus más peligrosos oponentes, a quien el Gobierno permitió –según afirman PROVEA y Müller– que influyera en la conformación del alto tribunal.

“En diciembre del 2000 denunciamos los vínculos entre el empresario Tobías Carrero, Luis Miquilena y varios de los principales operadores del poder judicial”, recordó PROVEA.

Para el general, “el error clave que él (Chávez) está pagando es no haber rutinizado su carisma, organizando un fuerte partido con buenos operadores políticos; no haber estructurado un poder regional con gobernaciones y alcaldías que expresaran los objetivos de las comunidades”.

Müller destaca, además, entre los errores del presidente, plantearse “conflictos simultáneos” con muchos sectores, sumando a sus enemigos naturales una amplia lista de disidentes, muchos de ellos ahora sus más virulentos atacantes.

“Tú no puedes pelear en múltiples frentes. El se desgastó en peleas inútiles y no atendió el conflicto político fundamental”, dijo Müller.


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