Para atraer inversionistas nacionales o extranjeros a Panamá, como se haría en cualquier otro lugar del mundo, hay que definir con claridad las reglas del juego, las cuales deben acatarse y no cambiarse de forma arbitraria. La crisis económica e institucional que sufre el país, una de las más graves y complejas de que se tenga memoria, es consecuencia de la poca importancia que se le da al tema de la seguridad jurídica. El descalabro de la economía nacional pudiera haberse originado el 1 de septiembre de 1999 con el inicio del actual gobierno, cuando, con la idea de que había que revisar y si era posible anular lo que había hecho la administración anterior, se pararon inversiones por cientos de millones de dólares en proyectos con financiamiento privado. El deseo de eliminar la Sala Quinta, elevar los aranceles, proteger a los productores ineficientes, destituir a directores nombrados con tiempo definido en la Autoridad Marítima, Ente Regulador y en la ARI, fue una señal contundente de ruptura del orden jurídico, que tuvo un impacto nefasto sobre los inversores. Con todo esto se interrumpió el ciclo económico y el país comenzó su fase recesiva. Las autoridades tienen por tanto la responsabilidad de comprender las consecuencias que causa la inseguridad jurídica y tienen la obligación de revertir la actual tendencia antes de que este período político sea conocido como el lustro perdido.