El pueblo no cree en sus instituciones
La ex magistrada Aura
Emérita de Villalaz dice que la población no recibe señales notorias
de parte del Gobierno para reducir la percepción de corrupción
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
La mitad de la población panameña califica
de mala la gestión oficial de la presidenta del país, Mireya Moscoso.
Dos tercios califican mal a los ministros y al Organo Judicial y
ocho de cada diez panameños no ven con buenos ojos a los legisladores.
¿Qué significa esto? Que “la gente tiene
una malísima y preocupante percepción de la gestión de las instituciones
del país”, afirmó el analista político perredista Rafael Mezquita.
Los encuestados por la firma consultora Dichter
& Neira perciben la imagen de los tres órganos del Estado –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial– básicamente como mala.
La peor de las percepciones es la del Organo
Legislativo: casi el 80% de los entrevistados cree que es mala o
muy mala; le sigue la del Ejecutivo, que es de casi el 67%, y finalmente,
la del Judicial, que es del 60.6%.
“La gente -opina Mezquita- no cree en las
instituciones... la gran conclusión es que la gente no le cree a
los políticos tradicionales y hay una crisis de credibilidad total.
Cuando eso sucede, o las renuevas o se produce el caos”, advirtió
el político.
El 74% de la muestra percibe la gestión económica
de la presidenta Mireya Moscoso como mala, mientras que el 50.9%
cree que la gestión social de Moscoso es mala o muy mala. Solo el
47.2% piensa que es buena.
Pero en donde le ha ido peor a Moscoso es
en lo referente a su agenda anticorrupción: tres de cada cuatro
encuestados por la firma consultora cree que es mala o muy mala.
La ex magistrada Aura Emérita de Villalaz,
miembro de la Comisión Anticorrupción que nombró Mireya Moscoso
a principios de año, se refirió al tema. Para ella, la población
no recibe señales notorias de parte del Gobierno para reducir la
percepción de corrupción.
Para Villalaz, es probable que la presidenta
Moscoso tenga muchas dificultades para poner en práctica su agenda
anticorrupción, o que las recomendaciones de la Comisión Anticorrupción
no han sido puestas en marcha por alguna razón que desconoce, o
que resulta bastante difícil hacer acciones que la comunidad perciba.
La Prensa trató de hablar con un portavoz
del Gobierno, a través de la Presidencia, pero no fue posible.
Se intentó, sin éxito, obtener una reacción
oficial sobre los resultados del estudio.
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